Rajoy conocía las irregularidades de los Pujol Ferrusola antes de llegar a la Moncloa
El encuentro entre Sánchez-Camacho y la ex amante de Jordi Junior, propiciado desde Génova
- El Jefe de Gabinete de Rajoy montó la reunión en La Camarga espiada por Método 3
- Buscaba confirmar sus sospechas sobre los capitales en el extranjero de la familia de Jordi Pujol
El conocido episodio del encuentro entre la líder de los populares catalanes, Alícia Sánchez-Camacho y la ex amante del hijo mayor de Jordi Pujol, en el restaurante La Camarga, fue facilitado por el gabinete de Mariano Rajoy para confirmar sus sospechas sobre las actividades de los Pujol Ferrusola.
El entorno del presidente del Gobierno, concretamente su jefe de gabinete, Jorge Moragas, sería quien organizó en 2010 la reunión entre Sánchez-Camacho y María Victoria Álvarez, grabada por la agencia de detectives, Método 3. El objetivo de este montaje no fue otro que ratificar lo que ya conocían por supuestas filtraciones: que el clan Pujol mantenía una inmensa fortuna en el extranjero. Así lo recoge el diario ARA, que cita fuentes muy próximas a la Agencia Tributaria y a las fuerzas de seguridad del Estado. El patrimonio, explican, se emplazaría en Andorra, Luxemburgo, Suiza y en las islas Jersey i Guernsey del canal de la Mancha.
Explica el medio que el encuentro el La Camarga fue orquestada desde Génova para que la ex pareja sentimental del primogénito de Jordi Pujol explicara todo lo que sabía del entramado financiero montado por la familia Pujol para incrementar sus beneficios en paraísos fiscales.
De la conversación entre ambas se desprendió el dato de los movimientos de capitales entre España y Andorra, destacando el viaje a Andorra con una mochila de billetes de 500 euros, que sirvió de base para iniciar las investigaciones contra Jordi Pujol Ferrusola.
El mayor del clan Pujol acudirá a declarar como imputado ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional como imputado, junto a su esposa, Mercè Gironés, por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. La citación se enmarca en la causa en la que investiga los pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de sociedades que habrían sido adjucatarias de contratos públicos en Cataluña.
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