La Generalitat de Cataluña no paga a los ayuntamientos, o lo hace con muchos problemas

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Los problemas para saldar estos importes son tales para las exiguas arcas de la Generalitat, que ha tenido que subsanar parte de la cantidad que se debe a la ciudad condal con edificios públicos. La Generalitat ha tirado de patrimonio y ha cubierto 30 millones con los antiguos juzgados de Barcelona en Via Laietana y la nave central de Can Batlló (en Montjuïc). Además, según un comunicado del ayuntamiento de Barcelona, en el plazo de pagos acordado por ambas instituciones, también se contemplan otras adquisiciones patrimoniales: el protocolo de colaboración que transformará el mapa de Centros Penitenciarios de la ciudad de Barcelona en 2017 y permitirá destinar el espacio que ocupa la prisión de La Modelo a equipamientos municipales.

La segunda teniente de alcalde y responsable municipal de economía del ayuntamiento de Barcelona, Sonia Recasens, ha asegurado que el resto de inmuebles también se dedicarán a alojar dependencias administrativas y de Habitat Urbà. Recasens ha explicado que ha acordado con el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, un calendario de pagos, en el que hasta diciembre se liquidarán 142,2 millones y el resto entre 2015 y 2016.

DEUDA NO RECONOCIDA QUE SE CONVERTIRÁ EN DÉFICIT DE LOS AYUNTAMIENTOS

Los municipios temen no cobrar jamás la deuda no reconocida por el Govern

Sin embargo, la ciudad regida por el alcalde de CiU, Xavier Trías, es casi una privilegiada respecto a la mayoría de las localidades catalanas. A pesar de tener una cantidad que la Generalitat no ha reconocido oficial y presupuestariamente todavía, 21,8 millones, sí ha firmado que se liquidarán en los próximos dos años, explica el ayuntamiento de Barcelona.

Sin embargo, municipios como Santa Coloma de Gramenet u Hospitalet del Llobregat se encuentran con que la Administración autonómica se “hace la loca” ante algunos de los millones pendientes de liquidación y, directamente, no los reconoce, como denuncian las alcaldesas de ambas poblaciones, Núria Parlon y Núria Marín.

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“En estos momentos la Generalitat debe a L’Hospitalet 17 millones de euros, de los cuales reconoce 12 -siete de ellos corresponden a servicios sociales- cinco no están contemplados”, explica Núria Marín. La antigüedad de estos importes es de 2010 y se incluyen hasta “anualidades de 2013 i 2014 de los trabajadores sociales, pero también el Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) y las ayudas de urgencia”, denuncia Marín.

En Santa Coloma, el caso es similar. El Gobierno local tiene pendientes 15 millones, que se han ido acumulando desde 2009, de los cuales la administración autonómica no asume entre tres y siete. Núria Parlón subraya que la situación genera “problemas y tensiones de tesorería al mundo local que somos quienes estamos cubriendo todas sus deficiencias en políticas sociales como guarderías, ayudas a familias para luchar contra la pobreza energética, etc.” Y añade, tajante: “Es lo que se llama deslealtad institucional por parte de la Generalitat hacia el mundo local”.

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Para ambas ediles, los ayuntamientos son quienes están soportando el peso de los recortes de los Gobiernos central y de Cataluña. “Llevamos muchos años reivindicando una nueva ley de las haciendas locales que otorgue a los municipios recursos económicos suficientes”, asegura Marín, para quien “ha llegado el momento de decir basta” porque “las ciudades vemos que cada vez más personas, más familias, necesitan más atención y apoyo y los Ejecutivos sólo recortan”.

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La solución de Hacienda podría tener un efecto perverso para los consistorios

Las presiones de los ediles llevaron al Ministerio de Hacienda a proponer una salida para aliviar las arcas de los municipios y liquidar la deuda de las autonomías por los servicios sociales, pero el mundo local teme que esta medida permita a la Generalitat olvidarse definitivamente del importe que todavía no ha sido reconocido. Es la preocupación de las alcaldesas de l’Hospitalet y Santa Coloma, quienes denuncian el “efecto perverso” que puede acabar teniendo para los ayuntamientos: aquellas cantidades que ahora están en el aire pueden acabar convirtiéndose en déficit de los consistorios, porque jamás llegarán a cobrarlas.

El problema está en que el desembolso se efectuará directamente mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que retendrá los impagos de la Administración autonómica a los ayuntamientos, con lo que las cantidades no pasarán primero por las arcas de la Generalitat, si no que irán a parar a las de los consistorios. Explica Parlon que “si el Govern deja de reconocer la deuda por miedo a esta retención, los municipiod podríamos encontrarnos con graves problemas derivados del cumplimiento de la normativa de la Sindicatura de Cuentas: esto quiere decir que aquellos derechos de cobro que no tengamos reconocidos, se pueden ver dados de baja”.

MEDIDAS LEGALES

Municipios como Cornellà anunciaron el pasado mes de septiembre que llevarán la deuda pendiente a los juzgados -tienen 12 millones por cobrar. Y otras 36 localidades catalanas que forman parte del Foro de Alcaldes y Alcaldesas para la Educación en Cataluña han presentado recientemente un escrito ante la conselleria d’Ensenyament para reclamar a la Generalitat el pago de la deuda concreta con los ayuntamientos por las guarderías municipales,que asciende a 11,1 millones de euros.

Parlon y Marín explican que los servicios jurídicos de los consistorios que lideran están valorando emprender acciones legales para reclamar “judicilamente el pago de las deudas impagadas y no reconocidas”. Santa Coloma está esperando a que la Generalitat responda a la moción aprobada en el pleno del mes de septiembre, en la que exigía el reconocimiento de la deuda antes del 31 de octubre. En l’Hospitalet han empezado un proceso de reclamar por carta a la conselleria d’Economia y a la vicepresidencia del Govern todo lo adeudado, pero no descartan “acabar en los tribunales”.