La Diputación de León anula los contratos investigados en la operación Púnica
Iniciará un nuevo expediente de contratación para cubrir estos servicios
La Diputación de León ha anulado los tres contratos que investiga la Policía Judicial en el marco de la ‘operación Púnica’ y que fueron requeridos por los agentes tras la detención de Marcos Martínez, presidente de la Diputación y alcalde del municipio leonés de Cuadros. | Toda la información sobre la 'operación Púnica'
En concreto, se trata del Contrato Administrativo Especial para la prestación del servicio del Bar 'El Rebeco' en la Estación Invernal de San Isidro para la temporada 2014/2015, cuyo importe de licitación era de 61.152,16 euros (IVA incluido); el Contrato Especial de Explotación del servicio de 'Restaurante-Cafetería Salencias y Hostal Residencia Pico Agujas' en San Isidro, con un importe de licitación de 63.310,47 euros (IVA incluido), y el contrato de los servicios de alquiler, diseño, decoración, montaje, desmontaje, asistencia técnica y transporte del expositor de Turismo de León en la Feria Intur 2014, cuyo importe de licitación era de 38.000 euros.
En un comunicado, la Diputación de León comunica la anulación de estos tres concursos tras una reunión en la que han participado el equipo de Gobierno y los portavoces de los grupos políticos representados en la institución provincial. Según la nota, "de ninguna otra área o servicios de la Diputación de León, la Policía Judicial ni requirió, ni consultó, ni retiró documentación alguna".
NUEVAS CONTRATACIONES
Los dos primeros contratos fueron paralizados el 27 de octubre. Una semana después, el 4 de octubre, el presidente en funciones de la Diputación, Lupicinio Rodrigo, dictó un decreto por el que quedaban definitivamente anulados.
Asimismo, el organismo ha anunciado que iniciará un nuevo expediente de contratación para la prestación de los servicios que cubrían los contratos anulados. La adjudicación se hará a través de un procedimiento abierto, en el que pueden participar todas las empresas que lo deseen y cuyo resultado será público.
Los procedimientos anulados eran “negociados sin publicidad” y para el proceso se había invitado a varias empresas, ninguna de las cuales “figura entre las que los medios de comunicación han publicado como vinculadas a la operación policial”.
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