De los 34.916 voluntarios inscritos en el registro para la consulta alternativa del 9N en Cataluña, 7.000 son funcionarios que se sitúan en el límite de la legalidad.
Juristas consultados por El País advierten sobre esta situación, si los empleados públicos desarrollan el 9 de noviembre tareas de responsabilidad en las mesas y los colegios electorales. Los voluntarios constituirán las 6.430 mesas electorales distribuidas por 942 municipios de Cataluña.
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La Generalitat reconoce que a los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios se les atribuirán tareas específicas, de manera que habrá un coordinador en cada mesa y un gestor en cada uno de los 1.255 locales electorales. Eso significa que harán falta otros 7.685 voluntarios y que no habrá bastante con los 7.000 funcionarios, explica el diario.
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