Hacienda investiga a la constructora Grupo Collosa
El exministro Federico Trillo y el diputado Vicente Martínez-Pujalte cobraron de una constructora. La Agencia Tributaria ha encontrado pagos sin justificar a estos dos políticos, que ascienden a 354.650 euros en el caso de Trillo y 75.000 euros en el caso de Martínez-Pujalte.
Según publica El País, recibieron estas cantidades a través de sus despachos de asesoría. La empresa que realizó los pagos fue Grupo Collosa, una constructora dedicada a la obra civil que se benefició de los parques eólicos en Castilla y León. Tanto los dos políticos populares como la empresa defienden que las funciones de Trillo y Martíez-Pujalte eran de asesoría verbal al consejo de administración.
La Agencia Tributaria ha encontrado estas cantidades en la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León. En el proceso se han hallado facturas de una de las empresas beneficiadas a los despachos Sirga XXI Constructores, propiedad de Vicente Martínez-Pujalte, y Estudio Jurídico Labor, del que Federico Trillo, entonces diputado, posee el 70% de las acciones.
El contrato, vigente de 2006 a 2008, contemplaba el "asesoramiento general y jurídico" de Collosa
El objeto del contrato era el “asesoramiento general y jurídico de la empresa” en los ámbitos “administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, además “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y las “posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”. El acuerdo con estos despachos fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008.
NO HAY DOCUMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Collosa pagó 104.000 euros 2006, 125.280 en 2007 y 125.280 en 2008, según las investigaciones de la Agencia Tributaria. La empresa aportó las facturas pero no dio ningún informe o valoración “que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”.
Este miércoles, Trillo ha señalado que “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, según declaraciones publicadas por El País.
Desde la empresa, han reconocido la existencia de esos contratos, que “se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos”. “Tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”, añade.
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