El fondo de la Generalitat para paliar la pobreza energética, un parche que sólo beneficiará a las empresas
La alianza de la pobreza energética desmiente al conseller Puig: ‘Sí hay cortes de suministro energético en Cataluña’
- En España, siete millones de personas no pueden hacer frente a sus recibos de luz agua o gas
- Sufren pobreza energética aquellos hogares que destinan más del 10% de sus ingresos a los gastos en energía
Son más de 320.000 familias las que se calcula que están afectadas por lo que se conoce como pobreza energética en Cataluña. Un 12% de hogares tiene problemas para sufragar los suministros de luz, agua o gas, especialmente durante los meses de invierno, y desde la Generalitat de Cataluña se han tomado varias medidas para paliar esta situación: la creación de una mesa de la pobreza energética y un fondo social de 10 millones de euros.
Sin embargo, en la práctica, las ayudas no llegan a los hogares vulnerables que ven cómo se acumulan sus deudas que pueden ascender a miles de euros, como señala María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, el movimiento de afectados que ofrece asesoramiento y apoyo a las familias que no pueden hacer frente a las facturas de los servicios básicos. Cada quince días, esta entidad celebra reuniones a las que acuden personas con avisos de corte de luz, agua o gas, o a quienes ya se les ha retirado el servicio por parte de las grandes compañías suministradoras: Agbar, Fecsa-Endesa o Gas Natural.
Nacida de la unión de varias plataformas ciudadanas y activistas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Aigua és Vida o la Confederació d’Associacions de Veïns, esta alianza lleva desde octubre de 2014 luchando para que se reconozca el derecho universal a disponer de unas condiciones climáticas y de calidad de vida mínimas en los domicilios de los afectados. Circunstancia que, según denuncian, ya no es así para un alto número de familias que no pueden encender la calefacción durante los meses más fríos del año o no pueden disfrutar de electrodomésticos tan básicos como una nevera o una lavadora porque han dejado de recibir suministro eléctrico.
Las deudas de los hogares vulnerables pueden ascender a miles de euros
Se considera que están en riesgo de exclusión social por pobreza energética aquellos hogares que destinan más del 10% de sus ingresos netos a los gastos en energía. También es la incapacidad de una vivienda de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud).
Explica el portal Cienciasambientales.org que la pobreza energética es una realidad que afecta a todos los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), si bien con diferencias entre los mismos. De acuerdo con la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU SILC) de Eurostat, en 2012, 54 millones de ciudadanos de la UE (más del 10% de la población total) vivían en hogares que se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. En España, son siete millones de personas quienes se calcula que están en riesgo de sufrir este nuevo tipo de pobreza, la culpa la tiene el aumento del precio de la energía, la precariedad de las viviendas y la incapacidad económica.
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HOGARES SIN ENERGÍA
Por desgracia, la estadística del número de familias a quienes se les ha cortado la energía por impagos no existe. No se disponen de datos reales a nivel estatal o por comunidades autónomas. Esta es, precisamente, una de las principales reivindicaciones de la Alianza contra la Pobreza Energética y sus portavoces demandan que se cree un censo municipio a municipio para poder valorar la dimensión del problema. Pero la opacidad de las autoridades o de las empresas suministradores es total, lamentan.
Sin embargo, a María Campuzano o a Quim Pérez de Aigua és Vida no les hacen falta los números, cada día tratan con personas que acumulan deudas imposibles o que ya se han quedado sin suministros en sus viviendas. Por eso son muy contundentes al desmentir al conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, quien aseguró en el Parlament de Catalunya, a principios de febrero, que "no hay ninguna familia" sin agua, luz o gas por motivos de pobreza energética. En palabras del conseller, gracias al decreto actualmente en vigor -incluido en el código de consumo-, a los recursos que destinan los ayuntamientos y los consejos comarcales y a la "complicidad" de las empresas suministradoras, se ha garantizado evitar cortes de suministros durante el invierno.
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El conseller Puig miente: tenemos pruebas de familias con cortes de Gas Natural y Endesa
“Tenemos pruebas de que es una mentira absoluta”, afirma con vehemencia Pérez, que nos remite los únicos datos estadísticos de los que dispone para respaldar sus acusaciones: “En 2010 hubo alrededor de 25.000 expedientes de corte del agua de Agbar, sólo un año después, en 2011, se triplicaron y ascendieron a cerca de 69.000 en el Área Metropolitana de Barcelona”, reconoce que no se sabe con certeza cuántos de ellos se llegaron a ejecutar, pero calcula que entre los dos años fueron el 60%. María Campuzano, por su parte, relata como “el mismo día que el conseller Puig hizo esas declaraciones, llegaron tres personas a una de nuestras reuniones quincenales con cortes de los servicios de Gas Natural y Endesa”.
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FONDO SOCIAL DE 10 MILLONES DE EUROS
La portavoz de la Alianza por la Pobresa Energética es muy crítica con las medidas anunciadas a bombo y platillo por el Govern catalán para ayudar a las familias en riesgo. Especialmente con el Fondo de Ayuda a Afectados de la Pobreza Energética que debe estar en marcha hacia mediados de marzo y que incluirá ayudas públicas para sufragar las deudas de los más vulnerables. Sin embargo, Campuzano lo califica de completamente “insuficiente” y denuncia que a día de hoy sólo es un “titular”, ya que “no está ni consensuado ni regulado y no se ha aclarado exactamente en qué consistirá”.
La Generalitat, por su parte, ha anunciado que el Govern aportará inicialmente 10 millones de euros a este fondo social, una vez se aprueben los presupuestos de la Generalitat. También se incluirán los recursos que ahora ya aportan los ayuntamientos y los consejos comarcales a esta cuestión. Sin embargo, no se ha explicado, a día de hoy, si las empresas suministradoras estarán obligadas a realizar aportaciones a este fondo sociales y las fuentes oficiales se han limitado a indicar que se incluirán aportaciones de entidades y asociaciones que hagan obra social y también se abrirá la puerta a aportaciones voluntarias de ciudadanos y empresas. Para sortear las trabas legales, las compañías suministradoras deberán incluir, probablemente, en las aportaciones voluntarias, según informaron fuentes de la conselleria a la Agencia Catalana de Noticies.
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Durante los próximos días, y después de votarse favorablemente en el Parlament de Catalunya una moción de Esquerra Republicana (ERC), el Govern trabajará en un reglamento que regule cómo acceder a las ayudas. La petición de los republicanos establece que el fondo deberá financiarse "preferentemente" con las aportaciones que hagan las empresas suministradoras y, adicionalmente, con fondos propios de la Generalitat, explica Europa Press.
El Parlament también insta al Govern a concertar con las empresas suministradoras de luz, gas y agua una "campaña informativa" para que los ciudadanos conozcan las tarifas sociales y las ayudas a las que pueden acceder si tienen problemas para pagar los suministros. En este sentido, la moción recoge que la Generalitat deberá "habilitar de forma permanente" un portal web para informar de todos los recursos a los que tienen acceso los consumidores vulnerables, tanto a nivel de eficiencia energética como de ayudas para hacer frente a los gastos, explica la agencia.
Las empresas no asumen sus responsabilidades
EL PAPEL DE LAS EMPRESAS
De concretarse la medida siguiendo estas líneas maestras se daría respuesta a otra de las reivindicaciones de la Alianza contra la Pobresa Energética. La entidad es especialmente crítica con el papel de Agbar, Fecsa-Endesa y Gas Natural a las que acusa de haberse sumado a la iniciativa del fondo social porque así se les “garantiza que se les pagarán las facturas pendientes”.
Alerta que, de no especificarse qué papel deben cumplir las compañías de agua, electricidad y gas, el fondo público puede convertirse en una “mera transferencia de dinero del Govern para para satisfacer las deudas de los hogares”. “Son las empresas que obtienen beneficios multimillonarios quienes no asumen sus responsabilidades”, subraya Campuzano y señala que deben ser los suministradores quienes asuman estos impagos.
Las tres grandes compañías españolas, por su parte, se han adherido al Programa Metropolitano de medidas contra la pobreza energética, un fondo creado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en diciembre y dotado con cinco millones de euros para evitar los cortes de suministro de luz, gas y agua por falta de recursos económicos. Según este acuerdo, Endesa -que cuenta con 502.470 clientes en esta zona-, Agbar -con cerca de tres millones de clientes- y Gas Natural se comprometen a no cortar el suministro del servicio de los impagos con perfil de pobreza energética y a gestionar esos procedimientos con personal de la empresa mientras los servicios sociales municipales tramitan y valoran el abono de las facturas impagadas a través del fondo de la AMB.
Asimismo, las tres compañías se han comprometido a dar apoyo económico al programa de información y formación que liderará la AMB dirigido a personas en situación o riesgo de pobreza energética, que quiere enseñar a interpretar las facturas y las tarifas, y conocer las posibilidades y recursos que existen.
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