Estudia convocar plebiscitarias en 2016 y formar un gobierno de concentración
La opinión pública catalana se ha visto sacudida los pasados días por la confesión del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, sobre su fraude fiscal al mantener una cantidad de dinero sin regularizar en el extranjero. Muchas voces se han apresurado a relacionar este hecho con el proceso soberanista y han asegurado que ha quedado “herido de muerte” a causa del paso al frente obligado del ex dirigente catalán.
Lo cierto es que las irregularidades fiscales y los delitos relacionados con la corrupción y el tráfico de influencias llevan un tiempo planeando sobre la familia Pujol, a raíz de la imputación de Oriol Pujol en el “caso ITV” y de los “tejemanejes” de Jordi Pujol Ferrusola. Y el que ahora Jordi Pujol, que muchos consideran una especie de padre de la patria en Cataluña, haya revelado que su reputación también está manchada por un escándalo fiscal, ha sentado como un mazazo a las filas convergentes.
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Medios como El País publican que un Mas debilitado acudirá a la reunión con Mariano Rajoy el 30 de julio en La Moncloa. No les falta razón ya que el president de la Generalitat, Artur Mas, ha visto como recientemente, la ciudadanía ha retirado sus apoyos a CiU, en favor de Oriol Junqueras, y su ERC, que podría disputarle la Generalitat a Mas en las próximas autonómicas.
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Y aunque la fuerza independentista catalana no ha querido cebarse en sus rivales, el alcaldable republicano por Barcelona, Alfred Bosch, no ha perdido la oportunidad de subrayar que el caso demuestra que la independencia es necesaria para instaurar nuevas formas de hacer política.
CDC y CIU, RENOVACIÓN A DESTIEMPO
La confesión de Pujol ha llegado en medio de un momento delicado para la coalición nacionalista que arrastra un desgaste considerable, fruto en gran parte del mismo proceso sobreranista, de las tensiones políticas en su seno y de los “trapos sucios” de los Pujol. A la dimisión definitiva de Oriol Pujol, quién el 18 de julio abandonaba los cargos de los que se había apartado desde su imputación por el caso de las ITV -secretario general de CDC y diputado en el Parlament-, se sumaba la dimisión de Josep Antoni Duran i Lleida, como secretario general de CiU, al que sustituyó Ramón Espdaler, el pasado 21 de julio.
La nueva cúpula de CDC acababa de formase a finales de la semana pasada, en la forma de un comité de dirección formado por Josep Rull, como nuevo secretario general de la federación; Mercè Conesa, como nueva portavoz de Convergència y Lluís Corominas, como secretario general adjunto. Además, de Jordi Turull, que continúa como presidente y portavoz del grupo parlamentario de CiU.
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Pero esta entrada de savia nueva da la sensación de haber llegado tarde y, en cualquier caso, ha quedado completamente eclipsada por la confesión de Jordi Pujol.
EL 'PLAN B' DE MAS: PLEBISCITARIAS
Así, hay un clima de anticipación alrededor del casi seguro fracaso de Mas a la hora de reivindicar la consulta del próximo 9 de noviembre ante Mariano Rajoy. Y se ha empezado a hablar de la alternativa que se plantean los convergentes, que recoge El Periódico: el secretario general de CDC, Josep Rull ha explicado a este medio que, tras el veto al 9-N, habrá un gobierno de concentración y elecciones plebiscitarias en 2016 con vistas a la independencia.
El objetivo desde el Gobierno de Cataluña sería prevenir que se considerara una eventual consulta “poco legítima” y que la reivindicación independentista perdiera peso internacional por una posible baja participación. Lo que más llama la atención de estas declaraciones de Rull es que no descartan la suspensión de la autonomía a Cataluña y el secretario de los convergentes llama a la unidad a todos los partidos favorables al sí para “crear algo nuevo para negociar la independencia”.
SIGUEN LOS PREPARATIVOS PARA LA CONSULTA
A pesar de todo, el Govern sigue con el “plan A” previsto, que es la celebración de la consulta, para lo que, recoge La Vanguardia, ha activado el censo que servirá para votar sobre ala autodeterminación.
Así, se ha puesto en marcha un fichero que recogerá los datos personales de todos los que podrán participar en la convocatoria. La información de este censo saldrá del Registro de Población, que ya está en manos del Institut d'Estadística de Catalunya, a partir del padrón de los ayuntamientos.
Con el nombre 'registro de participación en consultas populares no referendarias', servirá para identificar a quienes puedan votar, cuyos datos se alimentarán del Registro de Población al que tiene acceso el Institut d'Estadística. Destaca el medio que, de esta manera, no será necesaria la aprobación expresa de los ayuntamientos catalanes.