¿Quién ha presionado a la Fiscalía: el Gobierno de Rajoy o de Mas?

Uno y otro Gobierno se acusan mútuamente de haber intervenido en las decisiones de los acusadores públicos. Desde Cataluña se ven “injerencias” y una “presión inaceptable" sobre el fiscal general del Estado, Eudardo Torres-Dulce, para que presente una querella contra el president de la Generalitat por un delito de desobediencia. Desde el PP se habla de “contaminación” a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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Las miradas se centran en Torres-Dulce, de quien se espera contundencia y que extienda la causa, además de a Mas, a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y también contra Irene Rigau, la consellera d’Ensenyament.

En las últimas horas han llovido las declaraciones de miembros del Ejecutivo o del Partido Popular que son una buena muestra del planteamiento del Gobierno. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz expresaba su "plena confianza en que la Fiscalía va a cumplir con la misión constitucional que tiene establecida”. Otros, como el portavoz de los populares en el Congreso, Alfonso Alonso, eran más claros sobre lo que esperan de Torres-Duce: “Hay materia para la querella, porque se ha vulnerado la ley en Catalunya y hay motivo para una reacción de la Fiscalía".

Ambiente de nacionalismo radical

Más contundente fue el Vicesecretario general de Organizacióndel PP, Carlos Floriano, quien acusó directamente a la Generalitat, ya que consideró que los fiscales catalanes se han negado a presentar la querella "por el ambiente que el nacionalismo radical ha generado en Catalunya". Su punto de vista es que "todos ven que allí se cometieron delitos y que la Fiscalía en Catalunya si no actúa es por contaminación del ambiente y por presión de los poderes políticos de Catalunya".

JUNTA DE FISCALES

Todo apunta a que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acatará la orden que le dé Torres-Dulce, si decide presentar una querella contra el presidente de la Generalitat por la consulta del 9-N. De hecho, ha sido la negativa de los acusadores púbicos catalanes a encausar al president lo que ha obligado al fiscal general del Estado a convocar a tomar una decisión de fuerza: convocar a la junta de fiscales de sala -el generalato de la carrera fiscal.

Que no gane la sensación de impunidad

En la junta participan 27 fiscales y en la reunión, que se celebra este miércoles, todos expresarán su opinión aunque no votarán, explica el medio. Torres-Dulce tomará después una decisión. Las opciones están abiertas porque el fiscal del Estado tiene la última palabra.

Fuentes fiscales han explicado a El Periódico que el fiscal general quiere presentar la querella para que prevalezca el Estado de derecho y en Catalunya se asuma que se puede aplicar “con normalidad” el Código Penal y que no gane la sensación de “impunidad” si no se cumple la ley.

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