La Fiscalía presenta la querella contra Mas por cuatro delitos relacionados con el 9-N

Durante las últimas horas, el Ministerio Público ha estado trabajando en el texto de la querella que se centra, informa La Vanguardia, en los delitos de desobediencia y prevaricación. Al parecer, si bien la Junta de Fiscales sostuvo su apoyo a Torres-Dulce para tirarla adelante, no quedó tan claro que los 24 fiscales reunidos estuvieran de acuerdo en que se pudiera acusar a los tres querellados de todos los delitos.

El texto final respeta las argumentaciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y da el mismo peso a todos los delitos. Además, a pesar de la polémica alrededor de la negativa de los acusadores públicos catalanes de no ver base legal para presentar la querella, finalmente está firmada por el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.

Las penas que se podrían llegar a imponer a Mas y a los miembros de su Govern pueden alcanzar los 10 años de inhabilitación.

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PROCESO A SEGUIR

El TSJC ya tiene en su poder 12 del total de 50 denuncias que se presentaron por el proceso participativo del 9 de noviembre en Cataluña. Todas ellas son contra el president de la Generalitat, Artur Mas, por un delito de desobediencia. Ahora, el tribunal catalán iniciará ahora una investigación para decidir si acepta a trámite la denuncia de los fiscales. Pero el paso previo es designar una sala con tres jueces para dar comienzo a las pesquisas y si procede con la acusación contra Mas, Ortega y Rigau, uno de estos tres jueces será el instructor del caso.

Sin embargo, hay muchas posibilidades de que el TSJC desestime la querella al considerar que no haya base legal para que el proceso siga adelante, según fuentes cercanas a la Fiscalía consultadas por Bolsamanía.

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Tutela judicial efectiva

Según los juristas interpelados, los fiscales catalanes estaban actuando con la ley en la mano cuando decidieron no proseguir con la querella, ya que “los cuatro delitos de los que se acusa a Mas, Ortega y Rigau, están cogidos por los pelos”. Además, explican que los acusadores públicos catalanes consideran que son cuestiones políticas en las que los juzgados no deben entrar y "no se cumplen los requisitos exigidos por los tipos penales ni por la jurisprudencia para demostrara que las acciones y omisiones realizadas alrededor del 9-N merezcan algún tipo de reproche desde el punto de vista penal".

El siguiente paso es acudir al Tribunal Supremo, donde tiene mayores posibilidades de aceptarse a trámite. Sin embargo, el Alto Tribunal podría dar la razón al TSJC, con lo que el Ministerio Público sólo podría apelar al Artículo 24 de la Constitución por el que podría alegar que su derecho a la tutela judicial efectiva ha sido vulnerado. En caso de llegar a este extremo, la causa acabaría en el Tribunal Constitucional (TC).

Preguntados por esta posibilidad, los juristas interpelados han interpretado que sería una manera de “devolver la pelota al Constitucional, que es donde se ha iniciado todo”. “En el peor de los casos se podría acabar en los tribunales europeos”, explican, aunque reconocen que “sería poco probable”.

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