Discrepancias en el TSJC sobre si abrir una causa contra Mas, Ortega y Rigau por el 9-N
El tribunal delibera durante más de cuatro horas sobre las querellas y denuncias a raíz del proceso participativo
- Anunciará si los imputa por desobediencia y prevaricación
- También por usurpación de atribuciones y malversación de caudales públicos
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) llevan ya más de cuatro horas de reunión para decidir si admiten a trámite las denuncias y querellas contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, por la celebración del proceso participativo del 9 de noviembre sobre el futuro político de Cataluña.
El TSJC presenta discrepancias sobre si abrir o no una causa contra los tres altos cargos del Govern. La división entre los magistrados del tribunal ha causado que el debate se prolongue más de lo previsto y se podría dar por concluido sin una resolución.
En tal caso, volverían a reunirse en enero para decidir si abren un procedimiento contra los altos cargos del Govern y si unen en una sola causa las siete querellas y 25 denuncias contra Mas, Ortega y Rigau -incluyendo la de la Fiscalía. La deliberación se ha llevado a cabo "debido a la elevada cifra de procedimientos y atendiendo a la relevancia social de los hechos y para evitar decisiones que podrían se contradictorias", según ha informado el TSJC en un comunicado a Europa Press.
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El pleno de este tribunal cuenta con cinco magistrados titulares de la Sala Civil y Penal -Maria Eugènia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Joan Manel Abril y Francisco Valls-, además de su presidente, Miguel Àngel Gimeno. El TSJC tiene tres opciones: aceptar a trámite las querellas, pedir más información o citar directamente a declarar como imputados a Mas, Ortega y Rigau.
Se podría dar el caso que desestimara las querellas y denuncias, pero es muy poco probable.
LOS DELITOS
La querella de la Fiscalía, además de desobediencia, el MInisterio Público pide imputarles por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes) y malversación de caudales públicos.
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