La dirección del partido se inclina por no incluir la independencia en su programa de cara al 27-S
El partido que ha formado federación con Convergència (CDC) durante 37 años en Cataluña se enfrenta a su hora más amarga: muy probablemente no cederán ante el ultimátum de su socio para que incluyan la independencia en su programa de partido de cara a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre en Cataluña. La consecuencia, el fin del "matrimonio" con los convergentes.
Según informa El Periódico, los democristianos propondrán la salida de los tres consellers que tienen ahora en el Ejecutivo de Artur Mas, pero la voluntad será la de preservar las alcaldías. También quieren que la salida sea compatible con mantener la estabilidad en el Govern: que los grupos parlamentarios en la Cámara catalana y en Madrid actúen de manera coordinada.
“No pueden obligarnos a tomar el camino de quienes han perdido la consulta interna del partido”, se defendía un líder democristiano, según recoge el diaria Ara. Y es que los ganadores del no a la separación de Cataluña se impusieron a los partidarios de las tesis que defienden sus compañeros de federación. Pero el estrecho margen, apenas 100 votos, aboca al partido a un cisma interno -además de la ya mencionada ruptura con el partido presidido por Artur Mas-, ya que los independentistas de Unió (UDC) no se quedarán de brazos cruzados y se dibuja un más que probable éxodo.
Los independentistas de Unió (UDC) no se quedarán de brazos cruzados y se dibuja un más que probable éxodo
Sin embargo, la cúpula de Unió, encabezada por el líder del partido, Josep Antoni Duran i Lleida, no piensa ceder a las presiones de prácticamente la mitad del partido, ni aceptar el ultimátum lanzado por el número dos de CDC, Jsep Rull: o se suman a las tesis separatistas de Mas o se presentan por separado a las elecciones del 27-S. Cuenta el diario Ara que ven avalada su propuesto de seguir adelante con el proceso a su manera, con seis líneas rojas que fija, entre otras cosas, una no ruptura con España de manera unilateral y al margen de la legalidad.
LA REUNIÓN DE UNIÓ
Con este panorama las dos facciones del partido se han visto las caras en una reunión que promete ser tensa. Además, llegará con la antesala del encuentro de los críticos democristianos, Antoni Castellà y Carles Sala, con los líderes de las entidades soberanistas para inicial una negociación de la hoja de ruta de manera unilateral.
En el encuentro no han faltado Jordi Sánchez (presidente de l'ANC), Muriel Casals (presidenta de Òmnium Cultural) i Josep Maria Vila d'Abadal (presidente de la AMI).
En cualquier caso, según varios medios catalanes, la ruptura es inevitable y se habla de que en CDC ya se han iniciado los protocolos de la separación de la federación. De hecho, ya hay quien especula con que Duran i Lleida podría recibir franco apoyo de sectores empresariales catalanes para enfrentarse a Mas el 27-S.
REACCIONES DE CONVERGÈNCIA
Por otra parte, según informaciones que adelanta "Rac1", la cúpula de Convergència se reunirà de urgencia este miércoles por la noche, a las 22:00 horas, para analizar la decisión que se desprenda de la cúpula de Unió.
También, según la emisora, se prepararán para la más que posible salida de los tres miembros democristianos del Govern de Artur Mas.
Y SI HAY RUPTURA, ¿QUÉ PASA?
De entrada, explica El Periódico, que lo más significativo es que el nombre Convergència i Unió propiamente dicho desaparece. Los partidos que forman la federación tienen en sus estatutos un protocolo a poner en marcha para la "separación de bienes" del divorcio. Explica el medio que uno de los puntos contempla que si la federación nacionalista se disolviera "por cualquier causa", ninguna de las dos fuerzas que la componen podrá utilizar el nombre Convergència i Unió ni las siglas CiU, ni "por sí solos" ni "con otros partidos políticos".
La disolución puede darse "por el acuerdo válidamente adoptado de sus miembros, por la declaración explícita de uno de sus miembros fundadores y por las demás causas que prevé la ley".
En los estatutos se cita que la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) nombraría entonces una "comisión liquidadora paritaria", que se compondría de cuatro miembros y se encargaría "de todas las operaciones materiales y económicas que la liquidación comporta".
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