La juez retira el pasaporte y le impone comparecencias quincenales a la intendente de los Mossos
La jueza ha citado a tres testigos: dos guardias civiles y la secretaria judicial del Juzgado 13 de Barcelona
- Trapero, Sànchez y Cuixart han declarado este lunes por sedición tras los nuevos datos de la Guardia Civil
- Rechaza la fianza de 40.000 euros que pidió el fiscal para esta investigada por sedición
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha impuesto la medida cautelar de comparecer cada quince días ante el juez, prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte para la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Lapalana, que ha sido la primera en declarar por un posible delito de sedición por los Mossos d'Esquadra Teresa Lapalana, que ha sido la primera en declarar por un posible delito de sedición por los incidentes registrados en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y durante el referéndum independentista del 1 de octubre.
Fuentes jurídicas han explicado que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha rechazado la medida solicitada por la Fiscalía, que consistía en la imposición de una fianza de 40.000 euros.
A continuación ha comenzado a declarara el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y después lo harán los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ya tomó declaración a los cuatro el pasado 6 de octubre, pero fue justo ese día cuando el Instituto Armado aportó sus informes, en los que apunta que los investigados formaban parte del organigrama del Govern en su estrategia hacia la independencia.
Por tanto, una vez estudiados los atestados, Lamela quiere que Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart vuelvan a comparecer para preguntarles por la nueva información de la que disponen el juzgado de instrucción y la Fiscalía, tanto por el papel que ejercieron los Mossos en los registros en sedes de la Generalitat y en el referéndum, como la implicación de Sànchez y Cuixart en el diseño del plan independentista.
Además de los cuatro investigados por sedición, la magistrada ha citado a declarar el lunes a tres testigos de los hechos: dos guardias civiles y una secretaria judicial del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el que ordenó los registros el 20 de septiembre.
COMITÉ ESTRATÉGICO Y EJECUTIVO
Concretamente, el informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional establece dos comités en el camino hacia la independencia, uno estratégico, en el que sitúa a Sànchez y Cuixart, y otro ejecutivo, ejercido por los Mossos que dirige Trapero.
En lo que respecta al delito de sedición que investiga la magistrada y que habría sido cometido los días 20 y 21 de septiembre --aunque el atestado también incluye el 1 de octubre--, la Benemérita vio en la actitud de los Mossos una "inacción flagrante" durante las movilizaciones contra los registros en las sedes de la Generalitat y durante el referéndum.
Sànchez y Cuixart, por su lado, fueron responsables, según la Guardia Civil, de "alentar a la masa" llamando a la protesta tanto frente a la Consejería de Economía --de donde los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no pudieron salir en casi 24 horas-- y luego ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Tras el estudio de este nuevo material aportado a la causa, la magistrada instructora, que ve "esencial" el papel jugado por ANC y Òmnium en la hoja de ruta para la independencia, ha decidido citarles de nuevo apenas diez días después de su primera comparecencia en este órgano judicial.
PRIMERA DECLARACIÓN
El interrogatorio del 6 de octubre arrancó con la intendente Laplana, que respondió a las preguntas de las partes por videoconferencia al acreditar un problema de salud relacionado con vértigos que le impedía viajar hasta Madrid.
Tras ella, le llegó el turno a Trapero, quien explicó que la actuación para proteger el dispositivo de la Guardia Civil ante la sede de la Conselelria de Economía el 20 de septiembre fue "correcta y necesaria" porque no se les había avisado con suficiente antelación.
Por su parte, Sànchez respondió únicamente a las preguntas de su abogado afirmando que las convocatorias de ese día eran de carácter pacífico, mientras que Cuixart se acogió a su derecho de no responder ninguna pregunta. La jueza no acordó entonces medidas cautelares para ninguno de los cuatro a la espera de esta nueva citación judicial.
