Sánchez propondrá reformar la Constitución para acabar con los aforamientos

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha definido como "excesivo" el número actual de aforados en España

"Determinación y avance, este es el ánimo del Gobierno. Esperamos contar con el respaldo de la Cámara, para ofrecer una imagen de solidaridad, ejemplaridad y empatía, y para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política", ha explicado Sánchez, que ha insistido en que "la política debe unir" y en que esta reforma no puede esperar más. De hecho, quiere llevarla a cabo casi de forma exprés, ya que quiere que la medida esté en marcha en dos meses. "Entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se anuncie su tramitación en el Congreso de los Diputados", ha asegurado.

El anuncio se produce antes de que Ciudadanos someta a votación en el Pleno del Congreso, previsiblemente este martes, una moción para urgir al Gobierno a acometer una reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objetivo de promover la supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno en tres meses. Además, también ha abierto la puerta a que se limite el aforamiento también para jueces y fiscales, salvo "en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo". Aunque Sánchez no solo se ha adelantado, sino que también ha acortado el plazo hasta los 60 días.

En política, ha resaltado el presidente del Gobierno, "no tomar decisiones implica tomar la peor de las decisiones, porque la parálisis lleva al retroceso", ha dicho en clara referencia al expresidente Mariano Rajoy. "Nada avanzó, excepto la corrupción, la desigualdad y la confrontación territorial", y "esas fueron las razones de la moción de censura, que supuso el triunfo de una alternativa constitucional". Y, ha afirmado, "el éxito de la moción manda un mensaje claro: España es reformable, desde sus instituciones y siempre dentro del marco constitucional".

Hay que recordar que el Gobierno ya se había mostrado dispuesto a abordar la supresión de los aforamientos. Incluso el Ministerio de Justicia ha encargado un estudio interno sobre cómo "racionalizar" estos aforamientos que, en palabras de la ministra, Dolores Delgado, son "excesivos". El pasado jueves en el Congreso la titular de Justicia desveló esta medida, y se mostró partidaria de la supresión para cumplir con el principio de igualdad de los españoles ante la ley, aunque resaltó que eliminarlos por completo requiere una reforma constitucional, que es la que va a proponer ahora Pedro Sánchez.

"Es hora de volver a caminar juntos. Este Gobierno quiere gobernar en coalición con la sociedad", ha señalado el presidente del Gobierno en el acto 'Avanzamos', al que han asistido todos los miembros del gabinete excepto la ministra de Defensa y la ministra para la Transición Ecológica, y en el que Sánchez ha aprovechado para presumir de los logros alcanzados por su Ejecutivo y también de los datos de crecimiento económico y del empleo, aunque ha reconocido que aún queda mucho por hacer. No obstante, ha recordado que España saldrá del brazo corrector de Bruselas del procedimiento de déficit excesivo como consecuencia de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Gobierno presentará en las Cortes "a finales de noviembre, principios de diciembre".

CASADO, ¿EN LA CUERDA FLOJA?

La medida anunciada por el Ejecutivo hace pensar inmediatamente en la situación del presidente del PP, Pablo Casado. Ciudadanos ha reclamado en los últimos días eliminar los aforamientos para que el líder de los 'populares' sea investigado por las supuestas irregularidades que le salpican por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente Casado se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo decida si procede ser investigado, lo que ha llevado a la formación naranja a reclamar el fin de los aforamientos argumentando que si el dirigente del PP no estuviera aforado ya estaría siendo investigado.

Precisamente sobre este asunto habló la semana pasada la ministra Delgado, en la sesión de control en el Congreso, donde señaló que el resultado de una nueva regulación afectaría directamente a la situación de Casado. De hecho, dijo que si el aforamiento "lo ciñiésemos al ejercicio de los cargos o los hechos cometidos en el propio cargo, a lo mejor el señor Casado estaría imputado como el resto de sus compañeros".

Aunque el PP ya ha exigido al Gobierno que aclare cuáles son sus intenciones con esta reforma constitucional, aprovechando para recordar que necesita a los 'populares' para sacar adelante esta medida para reducir el número de afotardos. Y es que la formación conservadora, con su mayoría absoluta en el Senado, tiene capacidad para bloquear esta reforma exprés de la Constitución propuesta por Sánchez, y que en principio sólo afectaría a diputados y senadores, quedando fuera de ella la Familia Real, policías, jueces y fiscales.

El secretario general del PP, Teodoro García, cree que la propuesta del Ejecutivo socialista tiene que ver con el pacto que tiene el presidente del Gobierno con los partidos nacionalistas e independentistas en Cataluña. "El presidente Sánchez quiere que los golpistas, los que han quebrantado la ley en Cataluña, escapen del Tribunal Supremo. Hay que ver si esta propuesta, más allá de venirle bien a Pedro Sánchez porque tapa otras cuestiones que estamos hablando estos días, sería hoy deseable por la situación de excepcionalidad que viven los políticos que quieren quebrantar nuestra convivencia", ha criticado en rueda de prensa.

Asimismo, ha recordado que esta medida ya se ha planteado en Murcia o en Madrid a propuesta del PP, por lo que "no es original del presidente", sino "un plagio de otras cuestiones que el propio Pedro Sánchez ha visto en otros partidos políticos".