Sánchez anuncia un Plan de respuesta por la DANA de 10.600 millones: ayudas directas, moratorias y exenciones fiscales

Entre ellas, Sánchez ha destacado "las más importantes". Habrá ayudas directas a los hogares, empresas, autónomos e instituciones locales "con el menor papeleo posible" y "la mayor celeridad posible". "Bastará con indicar cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de 30 días", ha asegurado.

Estas ayudas previstas en el Real Decreto 307 se cuadruplicarán y podrán beneficiarse de ellas todos los hogares, sin limitaciones de renta.

Así, los afectados recibirán hasta 72.000 euros por incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para reparación de viviendas, hasta 10.300 euros para muebles y electrodomésticos perdidos o dañados y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos.

La cuantía varía en función del tipo de daño y al bien que afecte. En detalle, 60.480 euros por destrucción total de la vivienda habitual, 41.280 euros por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, 20.640 euros por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, 0.320 euros por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, y 36.896 euros por daños en elementos comunes de uso general de una Comunidad de Propietarios en régimen de propiedad horizontal.

Las familias y empresas que han perdido su vehículo recibirán indemnizaciones un 20% superiores al valor de tasación.

Para pymes y autónomos con domicilio fiscal en las localidades afectadas se destinarán unos 838 millones de euros. Las ayudas oscilarán desde los 5.000 euros para autónomos y entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas en función del volumen de operaciones.

Concretamente, el importe de la ayuda dependerá del volumen de operaciones del ejercicio 2023. Será de 10.000 euros para las pymes con una facturación inferior al millón de euros; de 20.000 euros para empresas con un volumen de operación de entre 1 y 2 millones; de 40.000 euros si ha estado entre 2 y 6 millones; de 80.000 euros en el caso de un volumen entre 6 y 10 millones de euros; y de 150.000 euros para empresas afectadas con más de 10 millones de volumen de operaciones.

Los autónomos podrán solicitar una prestación por cese de actividad del 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido los 12 meses mínimos exigidos por la ley para acceder a ella y sin que este tiempo les compute de cara a futuras prestaciones.

Las empresas afectadas que suspendan su actividad y se acojan a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) serán eximidas del pago del 100% de las cotizaciones sociales de su plantilla al menos hasta febrero de 2025. Para las empresas que puedan continuar su actividad, se habilita la opción de solicitar aplazamientos a un tipo de interés reducido del 0,5% durante los próximos cuatro meses o bien moratorias a un año con interés cero en el pago de cotizaciones sociales.

También se aumenta en un 15% tanto las pensiones no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para los próximos tres meses, aunque "habrá posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida, en función de cómo vaya avanzando la situación". Las pensiones de viudedad y orfandad también se asimilarán a accidentes laborales. Esto supone un aumento de la cuantía y una mejora del cálculo, que se hará en base a los ingresos totales del último año.

Se ha creado una nueva figura de baja laboral extraordinaria física o psicológica con la que se garantiza el cobro del 75% del salario desde el primer día de incapacidad.

Además, se ha creado una línea de avales específica por valor de 5.000 millones de euros, que será gestionada por el ICO, y que permitirá a pymes, autónomos y hogares acceder a créditos con la garantía del Estado en condiciones "muy favorables".

Los ciudadanos podrán retrasar el segundo pago de su declaración de la renta del IRPF, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la Agencia Tributaria. En caso de que las entidades financieras hubieran realizado ya la operación de cobro, el importe será devuelto a los contribuyentes afectados en el menor tiempo posible. Además, se declaran exentas del IRPF todas las ayudas por daños personales que se perciban como consecuencia de la DANA.

Y se ha llegado a un acuerdo con las entidades financieras para que los ciudadanos y las pymes con una hipoteca o un préstamo al consumo puedan posponer el pago íntegro de sus cuotas durante tres meses, así como pagar únicamente los intereses durante nueve meses adicionales.

Por otro lado, el Gobierno pagará hasta el 50% de todas las obras que los ayuntamientos tengan que llevar a cabo para reparar sus instalaciones e infraestructuras y abonará el 100% de los costes y gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados. También se compensará a los consistorios por los impuestos que van a dejar de percibir.

Este paquete de medidas se destinará a los 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía afectados por la DANA y podrá ampliarse en función de las necesidades. "Durará el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en el territorio afectado", ha remarcado Sánchez.

Sánchez también ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado declara Valencia y el resto de territorios golpeados como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Además, se solicitará a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad, que permitirá financiar parte de los daños totales directos causados por la catástrofe natural y sus repercusiones en la población, la economía y el medio ambiente.