Rajoy y Puigdemont encaran la 'operación diálogo' (de sordos) entre el Estado y Cataluña en 2017

El parón político que ha sufrido España desde finales de 2015 también se ha notado en el conflicto catalán. Atrás han quedado 10 meses de ausencia de respuestas por parte de las autoridades estatales a la actividad parlamentaria en Cataluña. Los silencios oficiales se han sustituido por una intensa actividad en los tribunales: las causas abiertas por el 9-N contra Mas y cuatro de sus ‘consellers’, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau; la querella contra Carme Forcadell que se libra en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y en el Tribunal Constitucional (TC); o las diversas actuaciones policiales contra concejales de la CUP, han acaparado la actualidad, dejando el debate político aparcado.

La estrategia del nuevo equipo de Mariano Rajoy con Cataluña se ha bautizado como ‘operación diálogo’

Sin embargo, el Gobierno central se verá obligado de una manera definitiva en 2017 a afrontar el último pulso con el Govern. La legislatura ha arrancado hace apenas dos meses y ha traído consigo un nuevo capítulo en las relaciones entre las administraciones central y autonómica: la estrategia del flamante equipo de Mariano Rajoy se ha bautizado como ‘operación diálogo’ y consiste en repetir hasta la saciedad que se abren a las negociaciones con el actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para volver a tender puentes entre Madrid y Cataluña.

En cambio, desde Cataluña se observa con escepticismo la nueva postura del gobierno, a causa precisamente de la ofensiva en los tribunales, mientras se sigue adelante con los planes para celebrar un referéndum soberanista -aunque no haya acuerdo con el Estado- que, a diferencia del 9-N, tenga un carácter vinculante. Esto quiere decir que el Govern se compromete a poner en práctica su resultado y a declarar la tan anunciada independencia de la región… si gana el “sí”. Una resolución que desde muchos sectores se denuncia que no serviría para resolver las numerosas reclamaciones de los nacionalistas, ni en el supuesto caso de que se celebrara con el beneplácito de España, y tampoco aportará soluciones si los catalanes decidieran permanecer en España. “En el caso de que el resultado del referéndum no llevara a la independencia de Cataluña tan solo se habrían sentado las bases para, en poco tiempo, solicitar la celebración de otro referéndum”, explica Rafael Arenas, vocal de la junta directiva de Societat Civil Catalana (SCC).

“Esto nos indica la experiencia comparada, donde los referéndums de secesión que los separatistas pierden no acallan la reivindicación de la secesión y es también lo que se desprende de los planes que los nacionalistas catalanes han hecho públicos”, señala Arenas. El también ex presidente de la entidad unionista argumenta que en el Libro Blanco sobre la Transición Nacional se indica que la celebración de un referéndum sería siempre un éxito incluso aunque el resultado no fuera favorable a la secesión puesto que, en primer lugar, supondría el reconocimiento de que el conjunto de los catalanes son un sujeto político capaz de decidir sobre su configuración y porque sentaría las bases para solicitar la celebración de nuevas votaciones sobre la independencia de la región.

EL CAMINO HASTA OTOÑO DE 2017

La fecha en la que Puigdemont pretende convocar este referéndum será, como muy tarde, la segunda quincena de septiembre de 2017. Desde la coalición de gobierno Junts pel Sí, formada por PDECat -antigua Convergència- y ERC, se está trabajando junto a los socios de la izquierda anticapitalista (la CUP) para que la votación se pueda celebrar con garantías de que sus resultados tengan consecuencias políticas. Por este motivo impulsarán la ley de Transitoriedad Jurídica, que debería estar lista en la primavera del año que viene y que se votará y aprobará en la Cámara catalana y entrará en vigor antes del verano. “Según el Gobierno de la Generalitat es necesario preparar la administración para una hipotética secesión, lo que justificaría esperar hasta estas fechas”, explica Anna Parés, decana del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Catalunya (COLPIS).

El calendario que barajan los independentistas es que, según apuntan algunas fuentes, la desconexión con el Estado español se efectuará en dos fases: primero, y después de aprobarse la citada ley, sólo entrarían en vigor los aspectos que permitieran celebrar el referéndum de manera unilateral. Y en segundo lugar, y sólo si hay una mayoría que apueste por el si en el referéndum, se aplicaría el resto de la ley, que convertiría Cataluña en un Estado.

La diferencia con el 9-N es que el Govern se ha comprometido a actuar según los resultados del referéndum

Esta hoja de ruta está sujeta a dos variables, que marcarán el ritmo de los acontecimientos. El primero, el debate sobre los presupuestos catalanes, que se acaban de aceptar a trámite en el Parlament de Catalunya, con los votos favorables de Junts pel Sí y dos votos a favor y ocho abstenciones de la CUP. La votación final llegará en febrero y aún no está claro que la izquierda anticapitalista apruebe las cuentas de la Generalitat, lo que podría descarrilar completamente el proceso soberanista y desembocar en una nueva convocatoria electoral.

El segundo factor que podría variar los planes soberanistas es la posible inhabilitación de alguno de los cargos electos que tienen causas abiertas con la Justicia. Fuentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) explican que el Govern podría adelantar el referéndum si Forcadell, Mas, Ortega, Rigau u Homs son apartados de la política por decisión de un tribunal. La fecha sería probablemente la primavera del año próximo. Parés expone los peligros de que la justicia tome este tipo de medidas, ya que “pondría al Reino de España en una situación de debilidad, especialmente en el contexto europeo”. “Hay que recordar que el Consejo de Europa suele amonestar los Estados que no respetan la inviolabilidad parlamentaria, como Turquía. Esta estrategia sólo puede tener éxito si infunde miedo entre los cargos electos pero la reacción podría ser la contraria: los podría espolear y precipitar los hechos. Es una estrategia muy arriesgada para España”, explica la decana del COLPIS.

En cuanto a las normas que regularán el referéndum, se adaptarán al Código de Venecia de Buenas Prácticas en Materia Electoral, adoptado por el Consejo de Europa en octubre de 2002. Se trata de una normativa internacional que se debe cumplir por los impulsores de cualquier votación o referéndum para que sea validado internacionalmente y que presenta la ventaja de que el responsable último de la votación es el Parlament, con lo que es más fácil su validación internacional, explican expertos consultados.

LAS OPCIONES DEL ESTADO

Pero la cuestión del beneplácito del Estado sigue en el aire, ya que todo este proceso se llevaría a cabo sin el consentimiento del Ejecutivo. Ni en los momentos más amables de la nueva etapa dialogadora se ha considerado posible sentarse a hablar con Puigdemont y el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, sobre los términos en los que Rajoy podría aceptar que se efectuara esta votación. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, está llevando la voz cantante en las conversaciones con los miembros del Govern y tanto ella como Rajoy ya han dejado claro que se pueden hablar de muchas cosas que afectan a Cataluña, pero en ningún caso de un referéndum.

En este sentido, se han iniciado los preliminares del gran debate sobre la reforma constitucional que las principales fuerzas estatales coinciden en que debe abordarse esta legislatura. Este 'juego previo' incluye también la revisión en profundidad del modelo de financiación autonómica, una de las reivindicaciones tradicionales de los nacionalistas catalanes. Por ahora, el Gobierno ha anunciado que se celebrará una conferencia de presidentes autonómicos, el próximo 17 de enero, para comenzar a trabajar en estas cuestiones, pero una vez más se ha producido el desencuentro con Cataluña: Puigdemont ha declinado la invitación y ha reclamado un trato bilateral.

Al impedir a la Generalitat la convocatoria de un referéndum, el Estado da argumentos que los favorables a la secesión pueden utilizar para justificar sus decisiones

Entre los argumentos esgrimidos se incluyen que la Generalitat ya está “en otra fase” y los socios de gobierno en Cataluña no han tirado la toalla en cuando a conseguir que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dé luz verde para la celebración de la votación separatista. De hecho, ha habido un acercamiento entre instituciones y hay reuniones pendientes tanto entre Sáenz de Santamaría y Junqueras, como entre Rajoy y Puigdemont. El cierre en banda del Gobierno también podría acabar por acarrear nuevos problemas a la Administración central, ya que “el Gobierno de España y las Cortes Generales tienen la competencia de convocar o autorizar a la Generalitat un referéndum en Cataluña. Hasta lo podrían convocar para toda España, si creen que es una decisión que afecta a todos, y lo podrían hacer mañana mismo”, señalan desde el COLPIS. “Al no hacerlo e impedir a la Generalitat la convocatoria de un referéndum están dando argumentos que los favorables a la secesión pueden utilizar para justificar sus decisiones”, explica Jordi Pachecho, miembro de la junta de la entidad.

Este panorama deja poco margen de maniobra deja al Ejecutivo y voces de peso como la de Javier Pérez Royo, ya se han lanzado a señalar que la aceptación del referéndum por parte del Estado es “inevitable”. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla señalaba, en una entrevista con Vilaweb, que la alternativa al acuerdo es que haya una auténtica ruptura si unos y otros no cejan en sus posiciones actuales. A pesar de todas las buenas intenciones de conversar, ambas partes se abocan a un diálogo de sordos en el que unos quieren hablar de todo menos de la consulta pactada y otros sólo de referéndum.

Llegados a este punto, el Estado tiene dos salidas, que no tienen por qué ser excluyentes. Por un lado, impugnar una tras otra las resoluciones del Govern al respecto del referéndum ante un TC que “ya ha dejado claro que ni las autoridades públicas ni las instituciones pueden dar apoyo a la hoja de ruta secesionista”, recuerda Rafael Arenas. “Ya no la aprobación, sino la mera tramitación de cualquiera de estas leyes carecería de eficacia y las personas que hubieran participado en tales tramitaciones serían, probablemente, investigadas por los tribunales”, remarca el miembro de la junta de SCC. De hecho, el alto tribunal ha suspendido cautelarmente la resolución del Parlament que iniciaba la cuenta atrás del referéndum independentista.

Por otra parte, el Ejecutivo puede avanzar en una reforma constitucional que estableciera el derecho de secesión de las Comunidades Autónomas. Para Arenas, “una reforma de este tipo, que sería el equivalente a la conversión de España en una Confederación de Naciones, habilitaría la celebración de un referéndum en Cataluña; pero en ese caso estaríamos ya en un marco constitucional diferente al actual y el paso de uno a otro solamente lo pueden decidir el conjunto de los españoles”.

¿QUÉ DIFERENCIA EL REFERÉNDUM DEL 9-N?

En el otro lado de la contienda, el miembro de la junta de SCC opina que “la Generalitat intentará avanzar hacia el escenario del referéndum eludiendo en la medida de lo posible la confrontación directa con el Estado”. “En este sentido, por ejemplo, es significativo que se haya abandonado casi completamente la referencia a la independencia unilateral y se haya vuelto al planteamiento de una consulta, exactamente el mismo escenario que teníamos en el año 2014”, expone Arenas. “Sería una repetición del 9-N”, insiste.

Pero fuentes de la ANC consultadas por Bolsamanía ponen el acento en la diferencia fundamental de que en esta ocasión el Govern actuará en consecuencia al resultado. La entidad soberanista asegura en que el referéndum se celebrará y se remite al reciente barómetro del GESOP para El Periódico que señala que dos tercios de la población participaría en la consulta: el 52,8% lo da por seguro y como probable el 11,5%. Además, desde el Colegio de Politólogos de Catalunya señalan que “si la ley de Transitoriedad Jurídica es, de hecho, una declaración provisional de independencia por parte de un órgano representativo escogido por sufragio universal, el marco jurídico habrá cambiado”. “Otra cosa será si esa declaración de independencia provisional se podrá aplicar y si se darán las condiciones reales para realizar un referéndum acompañado de un debate social sereno o sin interferencias del Gobierno de España, que seguramente no quedará pasivo”, subraya Anna Parés.

En este sentido, la decana del COLPIS pone de relieve la “controversia” alrededor de que la Generalitat pueda convocar un referéndum por la vía de los hechos. “Si lo intenta y se le niega, y teniendo en cuenta que el Estado sí puede convocarlo y no lo hace y a la luz de los resultados del 9-N y 27-S, puede tener la presunción a favor de que existe una mayoría democrática”, expone Jordi Pacheco. El también miembro de la junta del COLPIS argumenta que a pesar que los resultados de las votaciones de 2014 y 2015 “no son absolutamente contundentes, sí expresan una mayoría explícita a favor de la secesión (en comparación con los que se expresan explícitamente en contra)”.

Para Arenas, si a pesar de las prohibiciones y de las trabas que pueda poner el TC “se da el paso de mantener el desafío y nos encontraríamos ante una situación insurreccional en la que funcionarios y ciudadanos deberán optar por continuar obedeciendo a la legalidad vigente o, por el contrario, desobedecer ésta y reconocer la autoridad de quienes pretenden constituirse en autoridad del nuevo Estado”.

CONSECUENCIAS DE LA VICTORIA DEL ‘SÍ’… Y DEL ‘NO’

Por ahora ninguna encuesta fija la línea de flotación del independentismo por encima del 50%

En este escenario, si la votación resulta mayoritariamente a favor de la independencia de la región, las instituciones catalanas considerarán que se proclama una independencia de facto y se empezará a negociar con el Estado todas las cuestiones que afectan a la separación. “Sin embargo, las cosas no son tan fáciles”, señala Parés, ya que “entre la declaración de independencia, suponiendo que ganase el ‘sí’, y el funcionamiento normalizado de Catalunya como estado pueden pasar meses, sino años, de negociación”.

Desde la ANC apuntan que “se iniciaría un camino para lograr la validación internacional y se buscaría el beneplácito de países como Eslovenia, Islandia, Dinamarca o Letonia, que ya se han pronunciado sobre el proceso soberanista catalán”. La entidad independentista, que insiste a Bolsamanía que su papel es de apoyo al proceso y que estarán presentes en “todas las movilizaciones ciudadanas que haga falta para respaldar a las instituciones en su camino hacia la independencia de la región”, explica que las instituciones políticas funcionarán como lo harían en un Estado soberano desde el día 0. Sin embargo, reconocen, en línea con lo indicado por los miembros del COLPIS, que podría transcurrir mucho tiempo hasta dejar bien atadas todas las cuestiones con España.

En la política nacional, el Estado seguiría funcionando como hasta ahora, ya que fuentes internas del proceso explican a Bolsamanía que descartan represalias como “que se cierre el grifo de la financiación autonómica de un día para otro” porque, según apuntan, conllevaría que Cataluña dejara también de pagar los impuestos a Madrid y desencadenaría la “fallida del Estado”. Esta opción no interesa a nadie: ni a España, ni a Cataluña, y lo que es más importante, “tampoco a Bruselas”, con lo que “no llegará la sangre al río”, aseguran las mismas fuentes.

Pero todas estas hipótesis parten de una suficiente victoria del “sí”. Sin embargo, por ahora ninguna encuesta fija la línea de flotación del independentismo por encima del 50%. El sondeo de GESOP para El Periódico publicado el 17 de diciembre, indica que los partidarios de la secesión superan en 8,6 puntos a la opción del “no”, pero sigue sin conseguir la mitad de los votos. La independencia se impondría ahora mismo con el 48,9%, mientras que los detractores se quedarían en el 40,3%. La última encuesta del El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, el CIS catalán, del mes de noviembre, señalaba que el 45,1% de catalanes es contrario a la independencia de Cataluña, mientras que el 44,9% está a favor, un 7% no lo sabe, y un 2,9% no contesta.

“Si el resultado de la votación es favorable al ’no’, la Generalitat no tendría más remedio que convocar elecciones”, reconocen fuentes conocedoras del proceso a Bolsamanía. Y se habrán acabado los sueños independentistas... Por ahora.