Rajoy planea actuar contra cargos públicos si el referéndum del 1-O sale adelante
La estrategia de Moncloa no prevé un ataque a las instituciones catalanas
- Puigdemont asegura que no aceptará de ninguna manera una suspensión de sus atribuciones
- El president catalán elude aclarar si la ley del referéndum del 1 de octubre se aprobará esta semana
El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene listos todos los recursos contra las leyes de ruptura que con toda seguridad se aprobarán en Cataluña esta semana. En cuanto pasen los trámites parlamentarios, saldrán de forma exprés hacia el Tribunal Constitucional (TC), para su posterior suspensión cautelar. El choque de trenes es un hecho, ya que desde el Govern de la Generalitat aseguran que desobedecerán cualquier acción del alto tribunal. Ante esta eventualidad, la estrategia de Moncloa será la de actuar contra los políticos y mantener intactas las instituciones.
Señala 'La Vanguardia' que esta será la estrategia que ya ha preparado el Gobierno, que dejará al TC que imponga multas y suspenda de funciones. Por este motivo, y por otros, como, por ejemplo, falta de tiempo, queda descartada la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que el PP no quiere quedar como el que quitó la autonomía a Cataluña. De esta forma, las posibles vías que se abren pasan exclusivamente por la acción de la Justicia y por dejar que el TC estrene su nueva atribución de inhabilitar cargos públicos.
Rajoy cree que ha llegado el momento de poner en práctica el artículo 92 de la reforma del TC de 2016 que recoge que en caso de “advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto”.
Llegado a este punto, si el tribunal estima que se da un “incumplimiento total o parcial de su resolución”, podrá adoptar otras medidas, como la imposición de multas de 3.000 a 30.000 euros, o también “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Puigdemont se ha limitado a constatar que esta semana "se aclararán algunas de las cuestiones" sobre los planes soberanistas, ya que aún no se sabe cuándo y cómo se aprobará la ley del referéndum.
"Son muchas las medidas y se irán aplicando paso a paso", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por 'Europa Press'. "Ante unos señores que se saltan la legalidad, el Gobierno tiene la obligación de reestablecerla y a dos días de estar en un pleno dispuesto a saltarse las leyes, no le voy a contar al señor Puidgdemont lo que voy a hacer para retirarles las urnas", ha añadido defendiendo que el Ejecutivo tiene que guardar su estrategia "a buen recaudo".
El 1-O se va a votar y que habrá "un poco más de 6.000 urnas" homologables, insiste Puigdemont
PUIGDEMONT NO ACEPTARÁ UNA SUSPENSIÓN
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rechazado que pueda ser inhabilitado por su papel en la preparación del referéndum del 1 de octubre: "No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones".
"Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut, así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo", ha asegurado en una entrevista publicada este domingo por 'La Vanguardia' recogida por Europa Press en la que ha explicado que el Govern contempla cualquier supuesto, también la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque descarta que ello solucione el conflicto entre la Generalitat y el Estado.
Puigdemont ha aseverado que el 1-O se va a votar y que habrá "un poco más de 6.000 urnas" homologables, ha dicho, para que los catalanes puedan decidir sobre la independencia de Catalunya, sobre las que ha negado que se encuentren almacenadas en un consulado o en una casa particular, como se había especulado.
Además, ha eludido este lunes aclarar si la ley del referéndum del 1 de octubre se aprobará esta semana, y si se aprobará como una ley de los grupos soberanistas del Parlament o se tramitará como decreto del Govern. Puigdemont se ha limitado a constatar que esta semana "se aclararán algunas de las cuestiones" sobre los planes soberanistas, ya que aún no se sabe cuándo y cómo se aprobará la ley del referéndum.
