El órdago soberanista inquieta a grupos de presión catalanes de empresas cotizadas con sede en la comunidad
Grupos de presión de empresas cotizadas en bolsa con origen y localización actual en Cataluña habrían buscado la complicidad del Gobierno para que facilite su salida de la comunidad, ante el auge del soberanismo catalán, encarnado en la lista soberanista unitaria impulsada por el president de la Generalitat, Artur Mas, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, publica El Confidencial, citando fuentes oficiales. La respuesta de Mariano Rajoy: el cambio en la ley de Sociedades de Capital, que facilitará el traslado de la sede social de una empresa a cualquier punto del país.
Recoge el medio digital esta noticia y explica que la medida se ha aprobado a través de una enmienda en la Ley de medidas urgentes en materia concursal, que fue introducida en la tramitación parlamentaria por parte del Partido Popular. Bolsamanía se ha puesto en contacto con empresas cotizadas en Cataluña para corroborar esta noticia y ha recibido una honda sorpresa por parte de las fuentes consultadas.
La nueva enmienda cambia el término “municipal” por “nacional”, de manera que faculta al órgano de administración de cualquier compañía nacional para que puedan trasladarse a cualquier punto del Estado
Sin embargo, El Confidencial aclara que aclara que hace dos meses varió la normativa vigente, por la que as empresas estaban obligadas a convocar su junta general de accionistas previamente al cambio de su domicilio social. Sólo había una excepción, incorporada en el artículo 285 de la antigua Ley de Sociedades de Capital, mediante la que el consejo de administración tenía la competencia de trasladar la sede, siempre y cuando fuera en el mismo municipio.
La nueva enmienda cambia el término “municipal” por “nacional”, de manera que faculta al órgano de administración de cualquier compañía nacional para que puedan trasladarse a cualquier punto del Estado sin necesidad de consultar a los accionistas, refiere el medio.
Relata el digital que esta normativa entró en vigor tres días después de conocerse el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo. Y asegura que el cambio legal abre la vía para que cualquier empresa cambie su sede si los resultados del 27-S derivan en el proceso de desconexión con España y ulterior declaración de independencia que propugnan los actuales líderes nacionalistas catalanes.
EL GOBIERNO SE PREPARA PARA TOMAR EL CONTROL EN CATALUÑA
Por otra parte, Rajoy se está preparando para actuar a todos los niveles en el caso de que tras elecciones de Cataluña, que se celebrarán el próximo 27 de septiembre, la comunidad autónoma proclame su independencia de forma unilateral si la lista independentista encabezada por Raül Romeva se hace con la mayoría absoluta.
El mandatario popular recurrirá en este caso a la Ley de Seguridad Nacional, que actualmente se encuentra en proceso de tramitación pero que para septiembre ya estará aprobada, según ha informado este lunes La Razón. Esta norma habilita al Ejecutivo a asumir el control sobre los recursos de otros niveles de la Administración, como podrían ser los cuerpos de seguridad o los funcionarios autonómicos.
OBJETIVOS DE LA LISTA UNITARIA
De hecho, la lista unitaria "Junts pel Sí" (juntos por el sí), encabezada por Raül Romeva, se presentó el lunes, en un acto en el que el ex miembro de ICV explicó los objetivos de la candidatura.
Como fin último, la lista soberanista prevé promover una "declaración solemne" en el Parlament de Catalunya, para "iniciar el proceso de independencia”, siguiendo la hoja de ruta diseñada por el Consell Asesor per a la Transició Nacional -el grupo de asesores del Govern de Mas.
Explica La Vanguardia que el nuevo Govern que saliera de las elecciones, en el que Artur Mas se ha asegurado la presidencia y Oriol Junqueras la vicepresidencia, pese a ir en cuarta y quinta posición en la lista, daría comienzo al proceso constituyente, con el objetivo de aprobar una Carta Magna para Catalunya en el corto plazo.
Después, se impulsaría una nueva Ley de transitoriedad para materializar la “desconexión” con el resto de España. Ante la eventualidad de que el Estado bloqueara el proceso, los soberanistas están dispuestos a la declarar la independencia unilateralmente.
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