¿Quién detendrá a Donald Trump?

Los aplausos en la sala dan inicio a las reacciones por todos los puntos del planeta. Las imágenes de Trump firmando una nueva orden ejecutiva aparecen en todas las televisiones, la imagen se vuelve viral en las redes y el debate sobre el alcance de esa medida monopoliza las conversaciones en Estados Unidos y fuera de sus fronteras.

Desde su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Donald Trump ha repetido en siete ocasiones este proceso, entre estas controvertidas órdenes ejecutivas destacan: la derogación del Obamacare, la supresión del TTP (Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio), la suspensión del programa de refugiados acompañado de un veto a siete países musulmanes, la construcción del famoso muro fronterizo con México y la reducción drástica de regulaciones.

Un paquete de medidas que Trump defendió de manera vehemente durante su campaña electoral, por lo tanto, este guión es el anunciado. La sorpresa mundial puede residir en la falta de costumbre en observar a un presidente cumpliendo con tanto ímpetu con lo prometido. Pero, la pregunta que surge después de que Trump vuelva a enfundar su pluma es: ¿Podrá a cabo todos sus planes?

¿QUÉ ES UNA ORDEN EJECUTIVA?

Según explica The American Presidency Project, una orden ejecutiva es una herramienta legislativa para aprobar leyes cuando no se tenía la aprobación del Congreso. La costumbre se remite a la Constitución estadounidense, que concede al presidente al cargo amplias competencias ejecutivas con grandes poderes. No obstante, la aprobación de leyes por decreto no está explícitamente contemplada en la Carta Magna, tampoco está explícitamente prohibida y es una práctica muy habitual desde el primer presidente de Estados Unidos, George Washington.

Esta orden firmada por el presidente tiene rango de ley. Como apunta The American Presidency Project, no precisa de la aprobación de las cámaras (Senado y la Cámara de Representantes) y, como toda ley, podrá ser revisada por los tribunales y no debería atentar contra otras leyes en vigor o la propia Constitución. Ambas instituciones, donde hay que recordar que en estos momentos el partido republicano tiene mayoría, no tiene la potestad de suspender estas leyes o declararlas inválidas, pero sí puede aprobar otras que limiten su ámbito de actuación.

Como explica José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá (UAH), “el Senado es el encargado de refrendar este tipo de ordenes como, por ejemplo, la construcción del muro, donde incumplen siete normativas medioambientales y se deben expropiar tierras”. En cambio, apunta el investigador que "la Cámara de Representantes ejerce una mayor responsabilidad en caso de impeachment”.

Asimismo el presidente cuenta con otro recurso. En este caso, Donald Trump podría interponer su veto a estas normativas que intentan frenar su actuación y, para levantar ese veto presidencial, sería necesaria una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Es decir, en el Senado y en la Cámara de Representantes. La mayoría de las ordenes ejecutivas suelen seguir en vigor hasta el final de la legislatura del presidente en el cargo. Después, su sucesor sí podrá revocar el decreto del antecesor, como hizo Trump con el Obamacare.

La mayoría de las ordenes ejecutivas suelen seguir en vigor hasta el final de la legislatura del presidente en el cargo

Estas executive orders del presidente de Estados Unidos suelen ser muy criticadas por la oposición, como ocurren en otros países. No obstante, en EEUU no hay una política de voto como puede ocurrir en España, las ordenes ejecutivas pueden ser criticadas por algunos diputados del partido en la presidencia, puesto que limitan el papel del Parlamento como órgano legislador.

Pero con el caso de Donald Trump puede aumentar este efecto todavía más, como apunta a Bolsamanía el jurista Antonio Garrigues Walker, presidente de honor del bufete Garrigues: “En el propio partido republicano ya existe un porcentaje significativo de miembros tanto en el congreso como en el Senado que ya han manifestado su oposición a muchas medidas de Trump, incluidos los nombramientos de cargos en el gobierno, que irán educando y moderando la Presidencia”.

Otro dato a tener en cuenta, como recuerda José Antonio Gurpegui, “son las elecciones de midterm de noviembre de 2018”, donde los republicanos se juegan mucho, “sobre todo en el Senado, donde si pierden tres senadores cederían la mayoría”. Por lo tanto, los congresistas y senadores deben tener cuidado en su posición en las polémicas medidas de Trump.

EL “MURO” ADMINISTRATIVO PARA TRUMP

"El golpe de una pluma en Washington no cambia a la gente de Nueva York ni nuestros valores", dijo el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio con respecto a las polémicas decisiones de Trump. De Blasio se refería a que la aplicación de esos decretos pasa por el apoyo que dé el Congreso, primero para dotar de fondos la construcción del muro, y segundo, para hacer constar en los presupuestos, que dependen de la aprobación del Legislativo, la exención de ayudas a urbes como Nueva York, Chicago o Los Ángeles.

Al igual que el alcalde de Nueva York, el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, se enfrentó al multimillonario presidente de Estados Unidos afirmando que su Estado, que cuenta con la mayor economía del país, "no va a ir hacia atrás" en su lucha por los derechos ciudadanos.

“El sistema americano, que es imposible entender desde una óptica exclusivamente europea, tiene sistemas de controles que impedirán al presidente Trump maniobrar sin límite alguno a pesar que el partido al que pertenece controla las dos cámaras”, apunta Garrigues Walker que añade que “el famoso sistema de “checks and balances” permite el control de los distintos poderes para evitar los riesgos del absolutismo”.

El Gobierno de Trump no puede simplemente utilizar fondos federales para pagar sus planes, como es el caso de sus costosas medidas para frenar inmigración. En primer lugar, el Congreso tiene el poder de designar cómo se deben gastar los dólares de los contribuyentes, y tampoco cuenta con una hucha holgada para destinar fondos alegremente a tales fines dada la gran deuda federal.

El republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes,apoya incluir la financiación del muro en los presupuestos, que ha valorado en unos 15.000 millones de dólares (14.015 millones de euros), pero la aprobación presupuestaria depende también de los demócratas, aunque no tengan la mayoría en las cámaras legislativas.

… EN ÚLTIMO LUGAR LA JUSTICIA

En Estados Unidos, el presidente del país designa directamente al Fiscal General, que actúa como ministro de Justicia, nombra a los puestos vacantes del Tribunal Supremo (ya que tienen puestos vitalicios) y a los de los distintos circuitos federales. Los fiscales generales de los estados son elegidos directamente por los ciudadanos.

Pero para defenderse de esta gran “politización” de la justicia, los jurados populares tienen un gran papel arrogándose parte de las funciones que en España tiene el juez instructor, por ello, en último lugar la justicia recae sobre la ciudadanía. Pero, ¿quiere la sociedad que le ha elegido parar a Donald Trump? “La sociedad americana es una sociedad con un alto componente ético donde influye un componente religioso que en Europa ha desaparecido prácticamente", responde el jurista Antonio Garrigues Walker. "Los norteamericanos reaccionan contra los abusos de poder como se demostró en el caso de Nixon. Ya hemos visto las primeras reacciones populares que no se van a eliminar a corto plazo”. Por lo tanto, Garrigues concluye que "si Trump 'se pasara', los estadounidenses se lo harían saber con toda claridad y contundencia”.