¿Qué es la operación Púnica? La cara más odiosa y repulsiva de la corrupción
Es un operativo policial dirigido al desmantelamiento de una trama de corrupción y tráfico de influencias
- La trama Púnica constituye un estadio superior de la corrupción del Partido Popular: tras la corrupción blanda
La operación Púnica es un operativo policial dirigido al desmantelamiento de una trama de corrupción y tráfico de influencias dirigida y organizada por Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011 y varias veces consejero de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre.
El nombre de la operación es el de la denominación científica del granado, “Punica granatum”, y arrancó con el arresto el 27 de octubre pasado por la Guardia Civil de 51 personas, políticos, funcionarios y empresarios involucrados en operaciones irregulares –concesiones de servicios públicos, recalificación de terrenos, etc.- por un importe global calculado de 250 millones de euros.
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Junto a Granados, actualmente en prisión, fueron detenidos seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle), el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.
La detención de Granados, muy tardía porque desde hace años abundaban los rumores sobre los orígenes sospechosos de su abultado patrimonio, ha permitido detectar un entramado mafioso
La trama Púnica constituye un estadio superior de la corrupción del Partido Popular: tras la corrupción blanda’ vinculada a la financiación del partido –caso Gürtel y otros-, este grupo de facinerosos constituyó una trama criminal exclusivamente encaminada al beneficio personal de sus miembros, sin cobertura filantrópica alguna.
LOS AVANCES DE LAS INVESTIGACIONES
La operación está mostrando numerosas ramificaciones a medida que avanzan las investigaciones. Así, pronto saltó a los medios el nombre de David Marjaliza Villaseñor, empresario estrechamente vinculado a Granados y ligado a la empresa francesa Cofely, beneficiaria de gran parte de los 250 millones de euros adjudicados en obras y servicios públicos.
La detención el pasado octubre de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia, ha permitido el desentrañamiento de otra rama de la red; el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, ha emprendido una ronda de interrogatorios para aclarar la declaración de Martínez Nicolás, quien involucró a Indra en el supuesto pago de favores a terceros, entre ellos el empresario Alejandro de Pedro, dedicado en teoría al seguimiento de noticias por Internet (el clipping, una actividad inocua) pero al parecer con un papel relevante en la trama.
Por sus relaciones con éste, Velasco ha imputado a la directora general de Medios de Comunidad, Isabel Gallego, y está investigando al consejero de la Presidencia, Salvador Victoria. El presidente de ACS, que contrató a De Pedro para trabajos en las redes sociales, y altos cargos de Indra han sido también llamados a declarar como testigos.
En definitiva, la detención de Granados, muy tardía porque desde hace años abundaban los rumores sobre los orígenes sospechosos de su abultado patrimonio, ha permitido detectar un entramado mafioso de largo alcance formado por empresarios de ámbito local y regional que, en connivencia con políticos autonómicos y locales, habían organizado un gran aparato de defraudación de recursos públicos. Es, probablemente, la cara más odiosa y repulsiva de la corrupción que hemos padecido en los últimos años.
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