Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau piden por carta al Rey y a Rajoy negociar una salida para Cataluña

La carta, que recogen 'La Vanguardia' y 'Rac1', es una oferta de diálogo de las instituciones catalanas y la alcaldía de Barcelona en la que proponen a la Moncloa y la Zarzuela un nuevo intento para sentarse a la mesa antes del referéndum del 1 de octubre. Eso sí, en la carta queda claro que desde la región no se abandona el objetivo de celebrar el referéndum ilegal.

"La respuesta siempre ha sido una negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible", se queja la carta

En este sentido, es “un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía”.

RESPUESTA POLÍTICA

En este sentido en el texto se señala que "los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo". "Entre Catalunya y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo. Pero la respuesta siempre ha sido una negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible", prosigue.

Señalan que el pacto constitucional de 1978 en Cataluña quedó roto en 2010, cuando se recortó el Estatut que se aprobó por las instituciones catalanas y que, desde entonces, "se han formulado propuestas como un pacto fiscal en la línea del concierto económico de que dispone el País Vasco o una consulta no vinculante para conocer la opinión de los catalanes, pero todo ha sido en vano. El “no” ha sido la única respuesta".

Siguen los remitentes del escrito repasando agravios hasta el día de hoy, cuando un 75% de los alcaldes están siendo investigados por la Fiscalía y, en este sentido, lamenta que "el Estado español ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y amenazando medios de comunicación". "Todo esto, a pesar de que el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito", puntualiza la misiva.

Así, se dirigen a Rajoy y al Rey para reclamar "un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía". "Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente” , concluyen los máximos representantes de las instituciones catalanas.

IMPEDIR EL REFERÉNDUM

Este gesto llega después de que se haya apuntado verbalmente esta opción. Incluso de que desde el soberanismo se haya señalado que se puede parar el referéndum si hay una voluntad de diálogo desde el Ejecutivo central. También llega el día después de que el Govern, partidos y entidades a favor de la independencia de Cataluña han dado el pistoletazo de salida a la campaña del referéndum, con una acto multitudinario en el Tarraco Arena, con una afluencia de 9.000 personas, según los organizadores.

En los últimos días, la ofensiva judicial ha dado paso a los movimientos políticos, después de que el Tribunal Constitucional (TC), haya suspendido las leyes del referéndum y de fundación de la República Catalana y la convocatoria del mismo. La Fiscalía ha emprendido también acciones, querellándose contra el Govern y el Parlament. El Ministerio público también ha ordenado a los cuerpos de seguridad del Estado, incluidos los Mossos d'Esquadra, que persigan la logística del referéndum e impidan la colocación de urnas. Las actuaciones policiales se han centrado en imprentas y medios de comunicación.

El cerco judicial se ha centrado también en los más de 700 alcaldes catalanes que han firmado decretos de apoyo al referéndum en respuesta al requerimiento de la Generalitat de cesión de locales el próximo 1 de octubre. Han sido citados a declarar y los Mossos tienen órdenes de detenerlos si se niegan a comparecer. Finalmente, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha declarado que también investigará a Ada Colau, tras el acuerdo que ha alcanzado con la Generalitat para ceder locales el 1-O, desoyendo las advertencias del secretario municipal del consistorio barcelonés sobre la inconstitucionalidad de la consulta.