Gestalgar Raúl Pardos y Emili Altur tendrán que comparecer en la sede de la UCO para explicar las grabaciones en las que aparecen inmersos
La famosa 'Operación Taula' sigue su curso y se se han abierto nuevas investigaciones. El exdiputado provincial y alcalde de Gestalgar Raúl Pardos (PSPV) y el vicepresidente primero de la Diputación Emili Altur (Compromis) han sido citados a declarar. Mientras que el caso se resuelva, ambas formaciones han decidido suspender cautelarmente a estos dos diputados.
Los investigadores, además de PP, han puesto sus ojos en el Partido Socialista Obrero Español de Valencia, Compromís y Esquerra Unida. Además de los cargos citados anteriormente hay que sumarle los nombres de Rosa Pérez y José Manuel Orengo en la citación que que se ha establecido por la supuesta contratación irregular del personal y el amaño de contratos en obras y servicios públicos en la Diputación de Valencia.
Hasta que no se resuelvan las investigaciones, los partidos políticos no admitirán de nuevos a los acusados
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GRABACIONES DE CONTRATOS ILEGALES
Hasta la fecha, todos las personas llamadas a declarar eran miembros del Partido Popular(exconcejales, empresarios y asesores afines a la formación azul). Ahora, partidos políticos de izquierdas también tendrán que presentar declaración en la sede de la UCO, el paso previo para comparecer ante el juez de instrucción en calidad de investigados.
En las grabaciones que se han destapado, diputados en aquellos entonces que estaban en la oposición aparecen como consecuencia de los contratos firmados por Imelsa, una empresa pública de la Diputación de Valencia. Los investigadores tienen acreditado que se amañaron contratos a cambio de comisiones millonarias.
La Operación Taula comenzó cuando La Fiscalía creyó que Rus habría aprovechado su cargo para colocar a colaboradores en las empresas públicas que manejaban más presupuesto y conseguir que exigieran el 3% de comisión por cada contrato. El elevado nivel de vida de Rus había despertado las sospecha pero no fue hasta esta semana cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvo por su implicación en este caso de corrupción. Bajo sus apellidos y los de su familia emerge ahora un patrimonio empresarial, inmobiliario y automovilístico que no encaja con los negocios que puso en marcha antes de dar el salto a la política en 1995 y con los sueldos que percibió de la administración pública.
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