PSOE, PP y Vox vuelven a vetar la comisión de investigación del rey Juan Carlos
Pese a que la iniciativa contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara
La Mesa del Congreso ha vetado este miércoles con los votos del PSOE, PP y Vox la comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I impulsada por Unidas Podemos y otros seis partidos, a pesar de que la iniciativa contaba esta vez con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara.
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El PSOE ha votado en contra de la admisión a trámite de la iniciativa de Podemos, que ya no seguirá a tramitación pese a que, por primera vez, había logrado el aval de los letrados de la institución.
Unidas Podemos, que contaba con la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, asumía que la investigación solo podría abarcar el presunto uso de tarjetas opacas por parte del emérito tras su abdicación en 2014, dada la inviolabilidad del titular de la Corona, pero los representantes del PSOE en la Mesa han mantenido su posición y unido sus votos a los del PP y Vox para no admitir la iniciativa.
Así, la creación de una comisión de investigación no podrá ser debatida en el Pleno del Congreso, algo que sí aceptaban los letrados de la Cámara.
Desde el PSOE alegan que este asunto ya está bajo investigación judicial en el Tribunal Supremo y apuntan, además, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene señalando que entre las funciones del Parlamento no está el control de la Monarquía ni de la Jefatura del Estado. Para el partido socialista, su posición es coherente con la doctrina de la Cámara.
En todo caso, esta no es la primera vez en esta legislatura que el grupo mayoritario actúa en el sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes.
El pasado mes de junio, por ejemplo, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los servicios jurídicos.
