El 'techo de gasto' ya se ha aprobado y se mantiene en los 196.142 millones de euros
El Gobierno de coalición, formado por el PSOE y Unidas Podemos, ha iniciado las negociaciones internas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y las partes han coincidido en la necesidad de que las cuentas públicas del próximo año se mantenga el compromiso social, se contribuya a la cohesión territorial y se garantice que la recuperación llegue a todos los hogares.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; el director del Gabinete de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Josep Vendrell, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, Carlos Moreno, han mantenido la primera reunión presupuestaria tras la aprobación del límite de gasto no financiero.
Durante el encuentro que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, los representantes de PSOE y Unidas Podemos se han emplazado a mantener un diálogo "constante y fluido" para acordar la propuesta de Presupuestos Generales del Gobierno de coalición, según han informado a través de un comunicado.
La reunión se ha producido después de que el pasado martes el Consejo de Ministros diera 'luz verde' al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada en el periodo anterior, ahí se incluye las transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
Así, con la aprobación del límite de gasto no financiero para el próximo año, se iniciaba la preparación de los nuevos PGE que, según Montero, se encuentran ya bastante avanzados, y que recogerán la llegada de nuevas partidas de los fondos europeos previstos por importe de 75.000 millones para los próximos tres años.
Los Presupuestos para 2022 se mantendrán en línea con las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea en cuanto a apoyo a la recuperación, evitando "una retirada prematura" de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha adelantado como ejes prioritarios la negociación sobre la reestructuración del poder judicial, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.
Sobre la reforma fiscal, uno de los puntos fundamentales para Unidas Podemos, tanto Montero como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones en que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía, recordando que se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberá tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.