El objetivo es dejar de restringir los derechos fundamentales
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha rechazado este jueves la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de un plan B jurídico antes de que el próximo 9 de mayo decaiga el estado de alarma, al considerar que ya hay "un marco jurídico suficiente", según informa EFE.
"Las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias en materia sanitaria, tenemos una Ley de Salud Pública que ampara una gran parte de las actuaciones que las autonomías pueden desarrollar en términos de limitaciones, y hay un marco jurídico suficiente amparado y reforzado con lo que se ha trasladado en el Consejo Interterritorial, de obligado cumplimiento", ha subrayado en declaraciones a los periodistas en Sevilla.
Además, ha recordado que lo que ampara el decreto del estado de alarma es la restricción o limitación de derechos fundamentales, algo "extraordinariamente excepcional, extraordinariamente grave, y siempre hemos dicho que cuanto antes pudiéramos descabalgar el estado de alarma, lo haríamos".
Según Montero, hay que ser "extraordinariamente garantistas" para promover un cambio normativo que haga que esos derechos fundamentales "puedan residir en un lugar distinto que no sea la soberanía popular del Congreso de los Diputados o el refuerzo que los jueces le dan a las actuaciones que hacen las comunidades autónomas".
"Hay una doble garantía siempre cuando se restringen los derechos fundamentales y, cuando el Gobierno de España promulga un decreto de alarma, hay una segunda instancia que es el Congreso, que da el visto bueno", ha recordado.
Por su parte, cuando una comunidad autónoma "cree que en el marco de su territorio tiene que restringir algún derecho fundamental, parece lógico que haya una segunda instancia, en este caso los tribunales", ha añadido.
No obstante, ha indicado que "si en un momento determinado hace falta el estado de alarma, el Gobierno siempre ha dicho que es un instrumento que se pone a disposición de la lucha contra la pandemia".
Por otra parte, ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" tras la decisión de interrumpir la administración de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años, una medida "adicional de prevención".
"Los ciudadanos pueden estar muy tranquilos de que todos los medicamentos que se comercializan en España y, en este caso la vacuna, es un medicamento seguro", ha recalcado, a la vez que ha defendido que hay que hacer un seguimiento de colectivos concretos, de personas concretas o "vulnerabilidades que pueden tener estos medicamentos, pero siempre con la confianza de que las Agencias del Medicamento son la garantía para que un producto se pueda comercializar".