La Agencia Tributaria ha acreditado finalmente, gracias al cruce de datos en sus bases, la financiación irregular del Partido Socialista del País Valenciano
Metrovacesa ha sido una de las empresas que aparecen en las facturas falsas a empresas financiadoras del PSPV (Partido Socialista del País Valenciano), tal y como ha contrastado la Agencia Tributaria y certificado la Policía en un informe que consta en uno de los sumarios de la causa, a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
La Agencia Tributaria ha acreditado finalmente, gracias al cruce de datos en sus bases, la financiación irregular del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), varios de cuyos gastos de campaña de 2007 fueron abonados por empresas privadas que le pagaron directamente a la mercantil de publicidad Crespo Gomar, la firma de comunicación de cabecera del socialismo valenciano.
Tras la apertura de varios procedimientos por financiación irregular al PSOE valenciano, la Agencia Tributaria ha comprobado las facturaciones tanto de Crespo Gomar como de las principales empresas que presuntamente financiaban a la rama valenciana del partido.
El resultado, que ha encajado incluso en los céntimos, ha arrojado coincidencias con los correos electrónicos que dieron comienzo a la investigación de este caso en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, así como con las declaraciones de los antiguos empleados de la agencia de comunicación Crespo Gomar.
LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Este descubrimiento coincide con que el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, anunciará este lunes que deja la presidencia de la corporación provincial y su acta como diputado provincial, pero que se mantiene como alcalde de la localidad valenciana de Ontinyent, según ha podido saber Europa Press.
Así lo dará a conocer Rodríguez este lunes en una comparecencia ante los medios de comunicación a las 12 horas en la Diputación de Valencia, en la que detallará los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, tras haber sido detenido en el marco de la Operación Alquería que investiga irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, empresa pública dependiente de la corporación provincial.
Esta decisión se produce tras reunirse este fin de semana con el secretario general del PSPV, Ximo Puig; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general de la formación en Ontinyent, Rebeca Torró, en las que se acordó la necesidad de que Rodríguez diera "un paso al lado" para "no perjudicar al partido" y pudiera "centrarse en su defensa", según indican las mismas fuentes.