Madrid adelanta a Valencia como el epicentro de la corrupción en el PP

Todo este asunto trae a la memoria otros casos de políticos del Partido Popular que también se han visto implicados en casos de corrupción durante los últimos años. Para Esperanza Aguirre ha sido un verdadero “mazazo” la detención de Ignacio González, en quien confió durante años, aunque no se expresó en los mismos términos al enterarse, en 2014, del arresto del que fuese su 'número tres', Francisco Granados. Aunque sí mostró sorpresa, se limitó a decir que “ya había perdido” su confianza en él. Imputado en la trama Púnica, Granados lleva en régimen de prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014, que cumple en la cárcel de Estemera que él mismo inauguró. Ahora el destino de González y de Granados, antiguos enemigos que se disputaron el favor de Aguirre, está en manos del mismo juez, Eloy Velasco.

Aunque los tentáculos de la Púnica son muy largos y han tocado, también, a otros miembros del PP de Madrid y del Gobierno regional. Dos consejeros madrileños, miembros del Ejecutivo de Aguirre y después del de Ignacio González, dimitieron tras ser imputados en esta trama de corrupción, que investiga la presunta adjudicación de servicios públicos a cambio de pagos y comisiones ilegales, que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario. Se trata de Salvador Victoria y Lucía Figar, consejeros de Presidencia y Justicia y de Educación en el momento de verse implicados en la causa, que dimitieron en junio de 2015.

Uno de los casos de corrupción más sonados es el Gürtel, que investiga la presunta red de corrupción política vinculada al PP y que funcionaba, principalmente, en las comunidades de Madrid y Valencia

Y otro caso de corrupción de los más sonados es el Gürtel, que investiga la presunta red de corrupción política vinculada al PP y que funcionaba, principalmente, en las comunidades de Madrid y Valencia. La trama, encabezada por el empresario Francisco Correa, ha salpicado a numerosos dirigentes y miembros del partido. Uno de ellos, Jesús Sepúlveda, acusado de haber recibido dinero de la trama a cambio de adjudicaciones públicas. El exsenador 'popular', exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la que fuese ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha tenido que declarar en la causa acusada de ser partícipe a título lucrativo de los hechos que se le imputan a su exesposo, ha negado los hechos.

Precisamente el PP también se ha sentado en el banquillo en el marco de esta causa, siendo la primera vez en la historia de la democracia que un partido es acusado de ser partícipe a título lucrativo de una trama corrupta. El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, acaba de ser llamado a declarar como testigo por el tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) para que certifique si existió una 'caja B' en el PP durante su etapa como secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en esta causa. Según el jefe del Ejecutivo central, irá “encantado” a declarar y ha enmarcado todo este asunto en “un acto de pura normalidad”. La citación de Rajoy se produce a petición de la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ya lo había intentado en otras dos ocasiones anteriormente, aunque el tribunal no había cedido.

Y muy relacionado con el Gürtel está también otro ex del PP. Se trata de Luis Bárcenas, exsenador y extesorero del partido, acusado de amasar una fortuna gracias a los supuestos negocios que habría cerrado con el cerebro de la trama, Francisco Correa. También lleva su nombre el denominado 'caso Bárcenas', que investiga la supuesta 'caja B' del PP, una contabilidad paralela en la que se reflejarían los sobresueldos que se habría pagado a varios dirigentes del partido y las donaciones de algunos empresarios que se guardaban, entre otras cosas, para sufragar campañas electorales. Precisamente el Congreso de los Diputados acordó hace unas semanas, a propuesta del PSOE, Podemos y Ciudadanos, la creación de una Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que ahora se quiere agilizar ante lo ocurrido con Ignacio González y en la que se va a exigir la comparecencia de Rajoy.

VALENCIA, OTRO FOCO DE PROBLEMAS PAR A EL PP

Y aunque muchos de estos casos afectan a políticos madrileños, hay otras regiones en la que los tentáculos de la corrupción también ha tocado a los 'populares'. La Comunidad Valenciana ha sido otro foco recurrente de problemas para el PP, ante los muchos casos que han salpicado a sus dirigentes, y que acabaron por pasar factura a la formación en las elecciones. Precisamente una de las dirigentes del PP valenciano más conocidas, Rita Barberá, valoraba de una curiosa forma el batacazo del partido en los comicios municipales y autonómicos de 2015, con un célebre “¡Vaya hostia!” que se hizo viral, ya que fue pillada por un micro abierto.

Barberá falleció a finales del pasado mes de noviembre en un céntrico hotel de Madrid dos días después de que declarase en calidad de investigada (la antigua imputación) ante el Tribunal Supremo en relación al caso Imelsa, que investiga un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP de Valencia. Se trata de una pieza separada de la 'Operación Taula', que investiga supuestas prácticas corruptas de decenas de cargos del Partido Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por este partido. Barberá había conseguido salir indemne del Gürtel y el Nóos que se llevaron por delante a dirigentes de su entorno más próximo, pero esta vez la exalcaldesa de Valencia se vio salpicada de tal forma que el PP se vio obligado a pedirle que se diera de baja del partido, aunque mantuvo su cargo de senadora hasta su fallecimiento.

Antes que ella, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps también se vio salpicado por el Gürtel, concretamente en el conocido como 'caso de los trajes' que investigaba la relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al dirigente 'popular' y otros altos cargos de su gobierno.

Los casos de corrupción que han salpicado al PP le han pasado factura en las elecciones. Rita Barberá valoraba este descalabro con un célebre “¡Vaya hostia!”

Cruzando el Mediterráneo, el expresidente del PP balear y del Ejecutivo autonómico Jaume Matas también se ha visto comprometido por su implicación en dos casos de corrupción. En un primer momento, se le procesó por doce delitos cometidos durante su etapa en el Gobierno balear (prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral) en el contexto del 'caso Palma Arena', en el que se investiga la supuesta corrupción en torno a la construcción del pabellón deportivo del mismo nombre. Fue condenado a seis años de cárcel, y aunque en un primer momento eludió la prisión, finalmente entró en la cárcel en julio de 2014, aunque apenas unos meses después, en octubre, le fue concedido el tercer grado.

Matas fue nuevamente condenado en el marco del 'caso Nóos', un caso de corrupción política derivado del 'caso Palma Arena' y por el que ha sido juzgado y condenado el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. Matas fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel y siete de inhabilitación por prevaricación y fraude.

Y volviendo a la península, pero todavía a orillas del Mediterráneo, hay otro caso que merece especial mención: el que ha afectado al ya expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El 'popular' se vio obligado a dimitir a principios de este mes de abril al ser imputado en el 'caso Auditorio', que investiga otro presunto caso de corrupción. El murciano se ha visto implicado ya que, cuando era alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras, impulsó un complejo cultural de 10.000 metros cuadrados con un coste de 6 millones de euros a pagar con una subvención y, tras pagar el Ayuntamiento a las empresas con cargo al Plan de Proveedores y a pesar de que el 38% del proyecto estaba sin terminar, ahora la Justicia cree que la tramitación del proyecto fue irregular y que hubo perjuicio para las cuentas públicas, por lo que investiga dónde acabó el dinero de la subvención.