Los titiriteros salen de la cárcel con gritos de "manipulación"
Una veintena de personas ha recibido con aplausos y abrazos para ambos
- "No queremos comentar nada por ahora", se ha limitó a comentar uno de los detenidos
- Han tenido que entregar su pasaporte y deben comparecer a diario en el juzgado
Raúl García Pérez, de 34 años, y Alfonso Lázaro de la Torre, de 29, han abandonado la cárcel después de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, a instancias del fiscal, haya aceptado su recurso y ordenado su puesta en libertad con cargos. A su salida una veintena de personas ha recibido con aplausos, abrazos y gritos de "televisión, manipulación" a los dos titiriteros a la salida de la cárcel, donde han pasado cuatro noches
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El juez ha adoptado esta decisión ya que considera que en estos momentos es "escaso" el riesgo de reiteración delictiva
Ambos han decidido no realizar declaraciones a la gran cantidad de medios de comunicación que se encontraban cubriendo los hechos. Mientras esquivaban las preguntas de los periodistas, se han producido forcejeos entre las personas allegadas a los titiriteros y la prensa. "No queremos comentar nada por ahora", se ha limitado a decir Raúl. Su madre se ha mostrado agradecida con el apoyo recibido por la prensa.
El juez, Ismael Moreno, ha adoptado esta decisión ya que considera que en estos momentos es "escaso" el riesgo de reiteración delictiva y añade que los documentos aportados por los titiriteros demuestran que no intentarán "sustraerse a la acción de la justicia" porque han acreditado su arraigo familiar, que tienen domicilios conocidos y su formación académica y actividades desarrolladas.
SE LES HA RETIRADO EL PASAPORTE Y DEBEN COMPARECER A DIARIO EN EL JUZGADO
Tras esta detención, tanto Raúl García como Alfonso Lázaro, han tenido que entregar su pasaporte y deben comparecer a diario en el juzgado más próximo a su casa y no podrán salir de España. El juez los acusa de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio por la representación de la obra "La bruja y don Cristóbal" dentro de la programación de Carnaval organizada por el Ayuntamiento de Madrid.
Según señala el magistrado, las escenas desarrolladas en el espectáculo de carnaval constituyen a priori un modo de fomentar o incitar directa o indirectamente "al odio, hostilidad o violencia contra un determinado grupo de personas". Interpreta en ese sentido que son "algo más que una clara mofa de determinados colectivos", pues vulneran un bien común como la igualdad de todos los individuos y el orden de convivencia existente.
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