Los 28 piden seguir e intercambiar información sobre individuos que siguen radicalizados cuando salen de prisión

"La vigilancia de individuos radicalizados que, sobre la base de una evaluación de riesgos, se considera que plantean una amenaza continuada tras su puesta en libertad podría garantizarse, caso por caso", han subrayado los Veintiocho en un texto de conclusiones con algunas buenas prácticas para combatir la radicalización en las prisiones y la amenaza a su salida de prisión.

Eso sí, dejan claro que ello se haría respetando el derecho nacional y el principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales de los individuos.

También podría ser "útil" tomar otras medidas contra terroristas, condenados por extremismo violento o delincuentes radicalizados después de que salgan de prisión "de cara a prevenir" que participen "en actividades violentas extremistas a su salida", aunque evitan detallarlas.

En el texto, subrayan la "urgencia" de tomar "medidas eficaces" teniendo en cuenta "el riesgo que plantea el creciente número de criminales terroristas y extremistas violentos o delincuentes radicalizados mientras servían en prisión y el hecho de que un número de estos criminales serán liberados en los próximos dos años".

Entre otros, los Veintiocho apuntan a la necesidad de facilitar el intercambio de información a nivel nacional entre las prisiones, los agentes que supervisan la libertad condicional y los agentes sociales y locales para garantizar programas de reintegración y regímenes de control "eficaces" y reducir el riesgo de reincidencia.

También plantean que "el intercambio de información estratégica a nivel de la UE sobre la radicalización en las prisiones se podría desarrollar de forma ulterior" y admiten que "el intercambio de información sobre presos radicalizados entre los Estados miembro de la UE", así como con los países de origen o residencia a nivel bilateral o multilateral hasta donde permitieran las legislaciones nacionales, "podría ser una herramienta valiosa".

La información compartida se refiere, por ejemplo, a antiguos presos que regresan o viajan a diferentes Estados miembro, insistiendo en la necesidad de usar "mejor" los sistemas de intercambio de información existentes, como la base de datos Schengen.

UNIDADES ESPECIALIZADAS Y FORMACIÓN

Los Veintiocho también plantean desarrollar acciones "especializadas" para el tratamiento de individuos "susceptibles de estar expuestos a un riesgo de radicalización durante su detención" e insisten en la necesidad de que los diferentes actores cooperen para "facilitar la detección precoz de la radicalización y el reclutamiento en las prisiones y la elaboración de medidas apropiadas".

"Las unidades especializadas y pluridisciplinares responsables de la lucha contra el extremismo violento y la radicalización en las prisiones podrían constituir un instrumento eficaz", señalan en este sentido.

Así, recalcan que emplear a personal especializado, es decir, personas formadas para "observar" el comportamiento de los presos y sus relaciones y reconocer señales de radicalización "se ha probado un método eficaz para determinar las fuentes y los facilitadores de la radicalización".

Recuerdan además la posibilidad de crear módulos separados en cárceles de alta seguridad "en los casos más extremos" o "dispersar" a los radicalizados entre la población carcelaria evitando que puedan tener "contactos directos con detenidos vulnerables o entre ellos" para impedir que difundan sus opiniones extremistas o creen redes.

EL PAPEL DE LOS IMANES

Los Gobiernos también reconocen el papel que pueden desempeñar los imanes y otros representantes religiosos para desarrollar una contra-narrativa.

"Los representantes religiosos que aportan una asistencia espiritual a los detenidos juegan un papel importante proponiendo un discurso para contrarrestar las ideologías religiosas violentas", aseguran.

También plantean la posibilidad de realizar una evaluación para determinar si se necesitan programas "especializados" para las mujeres terroristas o extremistas y reclaman "precauciones particulares respecto a los jóvenes delincuentes, que deberían considerarse no solo como autores de delitos o de amenazas potenciales sino también, en función de su edad y estado de desarrollo personal, como víctimas". En este sentido, recuerdan la necesidad de respetar plenamente sus derechos fundamentales y las normas europeas y nacionales sobre la detención de menores.

Los Veintiocho también piden aprovechar las ayudas de la UE, por ejemplo para garantizar programas de formación "completos" para el personal penitenciario y los agentes que supervisan la libertad condicional, así como a jueces y fiscales.