La UDEF registra el Ayuntamiento de Sagunto contra la corrupción en el PP de Valencia

LA UDEF investiga la gestión del PP en Sagunto en los años comprendidos entre 2008 y 2015

Los agentes ha acudido a primera hora a las dependencias del Ayuntamiento para recoger documentación, por orden judicial, en una operación anticorrupción en la que no se prevén detenciones y que no afecta a la corporación actual, recoge Europa Press. Según han relatado fuentes presenciales los agentes, se ha preguntado por los responsables de departamentos, y los policías se han centrado en las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y Actividades, dirigiéndose directamente al archivo.

Además de estos registros en la sede consistorial también se ha procedido a buscar documentos en otras dependencias municipales como la Tenencia de Alcaldía en Puerto de Sagunto y en las dos sedes de la empresa mixta Aguas de Sagunto, participada en un 51% por el Ayuntamiento y en un 49% por el grupo privado Aguas de Valencia, que también ha sido registrado. La UDEF ha visitado estas dependencias porque está investigando también la gestión del ciclo integral del agua que se ha hecho en Sagunto entre 2007 y 2014, según señalan fuentes municipales.

El Mundo, por su parte, apunta que se investigan presuntos delitos de cohecho y prevaricación durante la gestión del PP en Sagunto en los años comprendidos entre 2008 y 2015. Igualmente los agentes han reclamado facturas con distintas empresas bajo sospecha a los funcionarios jefes del Ayuntamiento. La investigación, según este diario, afecta a la gestión de concejales y al exalcalde del PP de este municipio, Alfredo Castelló, que es en la actualidad diputado autonómico del PP y presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV. Según parece, el juzgado se dirigió hace meses a las Cortes Valencianas para que acreditara su condición de diputado, ya que esta aforado y sólo el Alto Tribunal valenciano puede juzgarlo.

Además del exalcalde Alfredo Castelló, la investigación afecta a otros once concejales y exediles

Si Castelló resultara finalmente imputado, sería el segundo que tendría la bancada 'popular' en el parlamento valenciano, recoge La Vanguardia. Hay que recordar que recientemente el Tribunal Superior de Justicia imputó a Miguel Domínguez por el 'caso Taula', la operación que investiga el presunto blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia y que ha salpicado también a la exalcaldesa de la capital del Turia, Rita Barberá. Pese a ello, se mantiene como senadora, aunque ahora dentro del Grupo Mixto y no del PP.

LOS OTROS INVESTIGADOS

La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública. En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación de este miércoles encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha. La causa continúa secreta.

Además del exalcalde Castelló, la investigación de la presunta trama de amaño de contratos en el Ayuntamiento afecta también a once concejales y exediles de las dos últimas legislaturas por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.

También se investiga a seis empresas, entre las que se ha podido conocer Aguas de Valencia, Pavasal, Imesapi o SICE, las dos últimas filiales del grupo ACS que preside el empresario Florentino Pérez. Imesapi, dedicada a la conservación y explotación de infraestructuras, habría recibido varios contratos por parte del Consistorio valenciano bajo el mandato de Castelló, entre los que destaca uno de 180.000 euros para la climatización del mercado municipal de Sagunto en 2011 y otro de 16.839 euros de la sala de musculación del polideportivo. El nuevo equipo de gobierno formado por un tripartito de Compromís, IU y ADN Morvedre -marca municipalista de Podemos- ha seguido trabajando con la misma empresa como demuestra la concesión de un contrato para la rehabilitación de las antiguas oficinas de la gerencia de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM).

Las empresas investigadas conocidas hasta ahora son Aguas de Sagunto, Aguas de Valencia, Pavasal, Imesapi y SICE, estas dos últimas del grupo ACS

En cuanto a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) que se dedica la aplicación de la tecnología en el tráfico, transporte y otros procesos industriales ha recibido cuantiosos contratos municipales. En 2010 el Ayuntamiento adjudicó dos proyectos por un valor de 852.000 euros para la conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la ciudad, así como la renovación del alumbrado público de avenida Camp de Morvedre del núcleo de Puerto de Sagunto.

TIENE LA CONCIENCIA TRANQUILA

El exalcalde de Sagunto y diputado autonómico Alfredo Castelló ha afirmado este miércoles en las Cortes Valencianas que tiene la conciencia tranquila y que no tiene información de la investigación policial de la UDEF. "Estoy tan sorprendido como ustedes, no sé nada", ha asegurado para remarcar que está "absolutamente tranquilo y seguro" de su gestión. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha manifestado que desconoce cualquier detalle de esta operación policial.

Por su parte, el actual alcalde de Sagunto, el nacionalista Quico Fernández, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que no habido ninguna denuncia ni por parte de la institución municipal ni por parte de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. También ha señalado que colaborará con la justicia para "defender a el buen nombre de la ciudad por encima de cuestiones partidistas".