A los expertos de la ONU les preocupa "que este orden y la retórica que lo acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social"
Dos expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han pedido en un comunicado que, más allá de la legalidad o ilegalidad del referéndum, las autoridades españolas garanticen que las medidas adoptadas en la consulta del próximo 1 de octubre no interfieran con los derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública.
"Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas", han comentado los expertos.
Instan a todas las partes "a ejercer la mayor moderación y evitar la violencia de cualquier tipo para asegurar las protestas pacíficas en los próximos días"
Y es que desde que el Tribunal Constitucional declarara ilegal la consulta del próximo domingo, no han cesado las protestas en las calles y la tensión ha aumentado a medida que las autoridades han ido tomando medidas contra la logística del referéndum como la incautación de las papeletas, el bloqueo de webs e incluso la detención de algunos organizadores.
Unas medidas que, según estos expertos, "son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, cortando la información pública y la posibilidad de debate en un momento crítico para la democracia española".
A los expertos de la organización les preocupa "que este orden y la retórica que lo acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social", según se desprende del comunicado.
Por ello, instan a todas las partes "a ejercer la mayor moderación y evitar la violencia de cualquier tipo para asegurar las protestas pacíficas en los próximos días", concluyeron.
Los autores de este informe son expertos independientes que forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Estos expertos trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.