La nota electoral | El caso Gürtel...la recusación

Tal decisión fue adoptada ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque con resultados diversos: de los 18 miembros que tenían derecho a voto (la sala está formada por veinte miembros pero Espejel y López la abandonaron al dirimirse sus recusaciones) 14 votaron afirmativamente a la recusación de López y sólo 10 a la de Espejel. Finalmente, el tribunal que juzgue la primera parte del ‘caso Gürtel’ estará formado por los magistrados conservadores Julio de Diego y Ángel Hurtado –éste, el más antiguo, será ponente de la sentencia y presidirá la sala-, y por el progresista José Ricardo de Prada.

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Espejel y, sobre todo, López tienen una biografía cuajada de colaboraciones con el PP, y éste, en su escrito exculpatorio, ha llegado a reconocer que profesa “gratitud” al PP. Ello sembraba “dudas sobre la imparcialidad” de los juzgadores y la propia fiscalía había puesto en duda que los dos reunieran los cánones de imparcialidad que exige el Tribunal Europeo de Derechos humanos. Pese a ello, ambos se negaron a apartarse voluntariamente del procedimiento y ha sido necesario tramitar y resolver el incidente de recusación, que fue presentado por dos agrupaciones del PSOE y por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, y que ahora acaba de resolverse.

Falla el sistema, y deberemos depurarlo para que la independencia judicial no fracase

El caso era muy claro, pero el ministro de Justicia, muy ducho en meterse en charcos, opinó en junio pasado que la recusación no procedía porque ambos, López y Espejel, eran ante todo “profesionales e independientes”. El tribunal, sin embargo, ha opinado lo contrario para “garantizar la apariencia de imparcialidad”. Qué menos.

En esta ocasión, el propio aparato judicial ha sido capaz de recuperar la neutralidad y la apariencia de imparcialidad, y ello es plausible y meritorio. Pero produce inquietud la evidencia de que en el sistema vigente los jueces que son elevados a las instituciones –al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional- quedan indeleblemente marcados tras haber sido señalados por un determinado partido político por su afinidad personal con el mismo. Ello no sería así si los jueces fueran más celosos de su independencia y si las fuerzas políticas respetaran el espíritu de la Constitución y de las leyes, que determinan que los miembros de ambos organismos –CGPJ y TC- deben ser elegidos por mayorías cualificadas, es decir, deben ser del agrado de los dos grandes partidos al mismo tiempo. Pero en lugar de seleccionar a personas indiscutibles que consigan este apoyo excepcional, PP y PSOE optan por el sistema de cupos, que consiste en intercambiar votos para intercambiar magistrados ‘de confianza’. De este modo, jueces afines a una u otra formación son entronizados con los votos de ambos partidos. Así se genera un sistema de jueces de cámara.

Para muchos ciudadanos, es inquietante el mero hecho de que determinados jueces claramente politizados tengan que ser apartados de determinados procesos porque su adscripción chocaría con la idea misma de justicia. Si su propensión les impide ser neutrales en determinados casos, ¿qué garantiza que lo sean en todos los demás, aunque los motivos ya no tengan carácter político?

Falla, en definitiva, el sistema, y deberemos depurarlo para que la independencia judicial no fracase estrepitosamente cuando se produce la intersección entre la justicia y la política.

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