La juez deja en libertad a Serafín Castellano y le retira el pasaporte
El exdelegado del Gobierno ha sido detenido por un caso de corrupción
- La investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a la empresa Avialsa
El ya exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial al ser detenido en una causa abierta por presuntos favores a una empresa, Avialsa, a la que se adjudicaron contratos para la extinción de incendios cuando era conseller de Gobernación y con cuyo presidente coincidió en cacerías.
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Castellano deberá estar a disposición de la autoridad judicial para acudir tantas veces como sea llamado
Tras ser arrestado a primera hora de la mañana de este viernes en una operación coordinada por Fiscalía Anticorrupción, Castellano ha pasado a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, cuya juez le ha dejado en libertad provisional, le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del país, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Castellano deberá estar a disposición de la autoridad judicial para acudir tantas veces como sea llamado y la causa sigue secreta, han indicado las mismas fuentes.
LAS RAZONES DE LA DETENCIÓN DE CASTELLANO
La detención se ha producido en el marco de la operación relacionada con la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa --empresa adjudicataria de dichos contratos-- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano --quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV-- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito.
En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
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