La investigación de Llarena acredita una malversación de casi 2 millones de euros en el 'procés'

VOX, el partido liderado por Santiago Abascal, ha reclamado la "inmediata" dimisión o el "cese fulminante" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

Así lo ha informado después de la medianoche VOX, personado como acusación popular en el procedimiento que instruye el magistrado del TS contra los presuntos responsables de rebelión y malversación por el 'procés' soberanista en Cataluña. Ante la "gravedad de lo constatado", el partido liderado por Santiago Abascal ha reclamado la "inmediata" dimisión o el "cese fulminante" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el pasado lunes aseguró en una entrevista a 'El Mundo' que el 'procés' no se habría financiado con dinero público.

Según señala VOX, el titular de Hacienda ha "faltado a la verdad" y ha causado "un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas", a la vez que "ha perjudicado igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania". El partido ya había pedido este miércoles la dimisión del titular de la cartera de Hacienda si quedaba acreditado que el independentismo catalán había utilizado dinero de las arcas públicas para financiar sus intereses.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que enviará a Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.

El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro estableció un sistema de controles reforzados en Cataluña desde el año 2015. Esta medida se adoptó, señalan, porque con la deriva política que estaba llevando la citada comunidad autónoma había peligro de que se desviasen fondos públicos de la prioridad de que se prestasen servicios públicos fundamentales, a asuntos no amparados por la Ley. Este control específico, además, estaba amparado por la Ley de Estabilidad.

Sin embargo, la medida se endureció en julio de 2017 y llegó al máximo con la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las fuentes de Hacienda consultadas explican que una vez que se llega ahí se tiene un grado de trazabilidad muy grande de los compromisos de pago y de los pagos finales que realizan las entidades de crédito, ya que abarcan a toda la administración de la comunidad autónoma.

Además, el interventor de la comunidad autónoma tiene que emitir un certificado de cada contrato o cada pago que realiza la Generalitat, explicar el objeto y constatar que se realiza de acuerdo con la Legislación. Toda la información está basada en los certificados emitidos y en los registros informáticos de todas las operaciones.

OPORTUNIDAD

Sin embargo, hasta ahora esta información no se había puesto a disposición del magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'procés', porque éste no la había solicitado. Pero consideran que la petición que ha realizado el juez al ministro Montoro, para que explique por qué asegura que no se ha destinado dinero público al 1-O, es una oportunidad para poner a disposición del Supremo todos los controles que se han venido realizando desde el Ministerio. De esta forma, explican, el magistrado podrá profundizar si lo desea en aquello que considere oportuno.

Hacienda ya ha realizado envíos de información al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, a petición del juez Juan Antonio Martínez Sunyer, que fue quien inició la investigación de la causa del 'procés'.

PAGOS A TRAVÉS DE ÒMNIUM CULTURAL Y JUNTS PEL SÍ

La Guardia Civil apunta que la Generalitat realizó pagos destinados al referéndum ilegal del 1-O camuflados en distintos gastos que fueron gestionados por la asociación civil independentista Ómnium (61.879 euros ) y por la coalición en el Gobierno Junts per Sí (17.690,20 euros), según se desprende del informe remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del 'procés' soberanista por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.

El informe, de fecha del pasado 27 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, obra en la pieza separada sobre la malversación en el 'procés' cuyo secreto fue levantado este miércoles y detalla que la Generalitat, a través de Secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, utilizó Ómnium Cultural "como sociedad interpuesta" para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar.

La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat, las gestionó Ómnium para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba gastos de estos carteles, que la Guardia Civil fija en 61.879 euros entre impresión y reparto.