La Guardia Civil señala a Turull y Viver por el gasto de al menos 502.639 euros para lograr la independencia
Los ideólogos y ejecutores de la hoja de ruta secesionista se aprovecharon de sus posiciones dentro del Gobierno
La Guardia Civil ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un nuevo informe en el que señala al exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por el gasto de al menos 502.639,61 euros para "financiar y sustentar las acciones tendentes a lograr la independencia de Cataluña".
Así figura en un informe de la Policía Judicial de la Zona de Cataluña con fecha de 15 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juez del Supremo y que lleva por título "Investigación de los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia en Cataluña". Además de estos dos altos cargos, figuran empresas privadas como Unipost y beneficiarias de los contratos publicitarios como la pública TV3.
Los ideólogos y ejecutores de la hoja de ruta secesionista se aprovecharon de sus posiciones dentro del Gobierno
"Los ideólogos y ejecutores (Comité Estratégico y Comité Ejecutivo) de la hoja de ruta secesionista se aprovecharon de sus posiciones dentro del Gobierno de la Generalitat para financiar y sustentar las acciones tendentes al desarrollo de los organismos (estructuras de Estado) y actuaciones (referéndum del 1 de octubre) que consideraban necesarios para lograr la independencia de Cataluña", recoge en sus conclusiones dicho informe.
El documento señala el "incumpliendo de forma generalizada de las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales". "Hasta ahora", concluye el informe del instituto armado, "se ha podido determinar un gasto de 502.639,61 euros, que presumiblemente se incrementará según vaya avanzando la investigación". La Guardia Civil dice que trabaja con el "convencimiento de que el empleo de esos fondos podía constituir malversación" y señala que la Generalitat llevó a cabo "diversas prácticas para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado" en el referéndum del 1 de octubre.