La fundación Francisco Franco amenaza con denunciar a los alcaldes que retiren los símbolos franquistas
Considera que la retirada provocará daños en el patrimonio histórico cultural
- Acusa al PP de responsable del actual clima de discordia por no derogar la Ley de Memoria Histórica
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha amenazado este martes con demandar a los alcaldes y concejales que aprueben la retirada de monumentos, escudos y otros símbolos franquistas por daños al patrimonio histórico artístico.
En un comunicado, publicado por Efe, la fundación señala su intención de denunciar a los ayuntamientos que han anunciado que cambiarán nombres de calles para adaptarse a la Ley de Memoria Histórica. Es el caso de Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Cádiz o Santiago de Compostela.
Según el comunicado, denunciarán por “daños al patrimonio histórico artístico del pueblo español” si aprueban la retirada de “monumentos, vidrieras, escudos y estelas”. Para la Fundación, no se trata de acciones prioritarias “ante los graves problemas contra los que clamaron en la campaña electoral”, como la malnutrición infantil o los desahucios.
Para la Fundación, no se trata de acciones prioritarias "ante los graves problemas contra los que clamaron en la campaña electoral"
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ELIMINAR TAMBIÉN A LA PASIONARIA Y CARRILLO
La FNFF añade que “la extrema izquierda”, junto con el PSOE y los nacionalistas, ha vuelto a enfrentar a los españoles. Así, aseguran que “no vacilan en difundir mentiras”, especialmente sobre el número de desaparecidos aún por enterrar.
Asimismo, acusa al Partido Popular de ser “responsable del actual clima de discordia” por no derogar la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aplicarla en “numerosos municipios contra el sentir de sus votantes”.
En opinión de la Fundación, si sólo deben tener presencia en los callejeros los “intachables demócratas”, también deberían eliminarse las referencias a La Pasionaria, Santiago Carrillo o Lluis Companys.
La Fundación propone la derogación "cuanto antes" de la Ley de Memoria Histórica, ante lo que ha calificado como una “nueva campaña revanchista” y el respeto a los nombres de las calles y monumentos como testimonio de una época de España, "algunos sufragados por voluntad popular, cuyo juicio debe dejarse a los historiadores y no a los políticos".
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