La Fiscalía se querella por rebelión contra Puigdemont y otras 19 personas

Todo ello, por unos hechos que engloban todo el denominado 'procés' que concluyó el pasado viernes con la declaración unilateral de independencia (DUI) y que se remontan a noviembre de 2015. Se reclama su citación y, en el caso de que no comparezcan, que sean detenidos. Además, también ha anunciado que reclama a Puigdemont, Forcadell y querellados una fianza de 6.207.450€.

El texto menciona expresamente que se proceda a la citación de los querellados con carácter urgente para tomarles declaración como investigados para valorar la adopción de las medidas cautelares de carácter personal, teniendo en cuenta la "gravedad de los hechos" y de los delitos imputados.

Maza ha actuado, según ha dicho, "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público". Los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución", ha subrayado.

El Ministerio Público anunció la pasada semana la preparación de una querella inicialmente contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si bien incluirá en la misma al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del gobierno autonómico tras la votación de este viernes en el Pleno del Parlamento catalán que ha declarado constituida la República catalana.

Además del delito de rebelión, se había avanzando que se estaban investigando otras calificaciones como la sedición si bien se concretarán las imputaciones una vez se valore la votación de la propuesta de resolución de Junts Pel Sí, explican las citadas fuentes que precisan que la redacción de la querella se está concluyendo.

La rebelión, castigada con hasta 30 años de prisión, se recoge en el artículo 472 del Código Penal e incluye varios supuestos de aplicación, entre ellos el de ser responsable de esta conducta quien se alzare "violenta y públicamente" para declarar la independencia de una parte del territorio nacional; derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; o destituir o despojar de facultades al Rey, entre otros casos.

DELITO DE REBELIÓN

También se contemplan como conductas que integran el delito de rebelión "sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma", así como "usar o ejercer por sí o despojar" a estas instituciones o "a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

Si Puigdemont o cualquier miembro del Govern es acusado por este delito, se puede enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión. Según el artículo 473 del Código Penal las personas que han "promovido" y "sostengan" la rebelión serán castigados con la pena de entre 15 y 25 años de cárcel e inhabilitación por el mismo tiempo.

No obstante, la rebelión está penada con hasta 30 años en el caso de que se empleen armas, hubiera combates, ejercido de la violencia grave contra personas, causado destrozos en propiedades de titularidad pública o privada, "exigido contribuciones o distraído los caudales públicos" o cortado las comunicaciones "telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase", ejercido la violencia grave contra personas.

RESPETO POR LA DECISIÓN

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha expresado el respeto del Gobierno de España a la decisión de la Fiscalía de querellarse contra los ex miembros del Govern y la Mesa del Parlament de Cataluña por sedición, rebelión y malversación.

Antes de participar en el Foro Expectativas Económicas que El Correo y BBVA celebran en Bilbao, De la Serna ha eludido comentar la decisión del Ministerio Público. "Ningún comentario", ha dicho. No obstante, ha insistido en que "el Gobierno respeta al máximo todas las decisiones de la Fiscalía". "Lo hemos dicho una y otra vez", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha criticado este lunes la querella presentada contra el Govern y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament por ser "otra muestra de represión", y ha acusado al Fiscal General, José Manuel Maza, de actuar al dictado del Gobierno central.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente del partido, donde ha calificado de "enésima vergüenza" la decisión del fiscal, y ha reivindicado la votación que se celebró en el Parlament el viernes pasado para declarar constituida la república.