La Fiscalía pide prisión para los exconsellers que han acudido a la Audiencia Nacional excepto para Santi Vila

Vila afronta prisión eludible con una fianza de 50.000 euros

  • De los catorce citados por la juez del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional
Bolsamanía
Europa Press | 02 nov, 2017 12:18 - Actualizado: 12:53
Audiencia Nacional

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este jueves prisión provisional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros consejeros cesados que han acudido a la Audiencia Nacional, a excepción del exresponsable de Empresa de la Generalitat Santi Vila, para el que pide prisión eludible con fianza, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El Ministerio Público ha formulado esta petición atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlament de Cataluña. Todos ellos se han limitado a responder a las preguntas de su abogado, a excepción del exconseller de Empresa Santi Vila que también ha respondido a la Fiscalía. La fianza que se ha pedido para este último es de 50.000 euros.

De los catorce citados por la juez del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco -entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont-- se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. Se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

ALEGATO DE LOS ACUSADOS

Según informan fuentes presentes en las declaraciones, los abogados de los exconsellers les han preguntado acerca de si hubo violencia en su actuación o les consta que haya existido durante la defensa del denominado 'procès' independentista. Estas preguntas pretenderían demostrar que no cometieron delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.

Vila, posible candidato del PDeCat a la Presidencia de la Generalitat, ha matizado ante la magistrada que estuvo al lado de Puigdemont en todo momento y que abogó por el diálogo hasta el final. Hace siete días presentó su dimisión ante la negativa de Puigdemont a convocar elecciones.

Pasadas las doce del mediodía ha comenzado una vistilla conjunta tras la cual la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decidirá las medidas cautelares a adoptar contra los investigados a tenor de la petición formulada por los fiscales del caso, Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira.

En el auto del pasado martes por el cual admitía a trámite la querella del Ministerio Público, Lamela dijo que existían factores para determinar la necesidad "de adoptar medidas cautelares de carácter real" ante la "gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos en este proceso", que, tal y como expone la Fiscalía en su querella, se remonta al 9 de noviembre de 2015, cuando arrancó el plan independentista en el Parlament.

El primero en llegar a la Audiencia Nacional ha sido Oriol Junqueras; tras él han llegado Raúl Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borràs (Gobernación). El último en hacerlo ha sido Vila, que a diferencia del resto, no ha recibido los aplausos ni la ovación de los miembros del PdeCat que les esperaban a la entrada de las dependencias judiciales.

PUIGDEMONT, EN BRUSELAS

Carles Puigdemont, por su parte, este miércoles confirmó desde Bruselas (Bélgica) su no comparecencia ante la Audiencia Nacional por los mismos hechos. Puigdemont, junto a los exconsellers de Salud, Cultura, Educación y Agricultura Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, ha pedido declarar por videoconferencia, pero se ha rechazado esta petición, por lo que el Fiscal pedirá una euroorden de detención.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha pospuesto la declaración de la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria al próximo jueves, día 9 de noviembre, a petición de los abogados, han informado fuentes jurídicas. Ese día es festivo en Madrid, pero el Supremo es un organismo estatal y, por lo tanto, funciona como un día laborable. Todos han abandonado el Supremo sin hacer declaraciones y quedarán hasta el próximo jueves bajo vigilancia policial.

Los seis investigados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos estaban citados este jueves a las 9.30 horas para declarar ante el juez Pablo Llarena por la querella presentada el pasado lunes por el Ministerio Público por los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia.

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