El juez revoca la semilibertad de Junqueras, los exconsellers y los Jordis
Los siete presos de Lledoners deberán regresar a prisión a lo largo del día
El juzgado de vigilancia penitencia ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado mes de enero al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn, y los 'Jordis', tal y como solicitaba la Fiscalía en su recurso. De esta manera, deberán regresar este martes a prisión volviendo al régimen de segundo grado.
Según han informado fuentes jurídicas a Efe, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña ha estimado los recursos del ministerio público que quedaban por revisar desde el pasado febrero, y ha retirado el régimen de semilibertad a los siete presos de Lledoners.
"Nos quitan el tercer grado. Nos lo acaban de comunicar. De nuevo nos cierran en la cárcel. No nos harán callar ni renunciar a seguir trabajando para construir un país independiente, plenamente libre, democrático y próspero. Seguimos sin desfallecer", comunicaba el secretario general de Junts, Jordi Sánchez, a través de su cuenta de Twitter.
Ens treuen el 3er Grau. Ens ho acabem de comunicar. De nou ens tanquen a la presó. O ens faran callar ni renunciar a seguir treballant per construir un país independent, plenament lliure, democràtic i pròsper. Seguim sense defallir. Llum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/prFyvIU8t0
— Jordi Sànchez (@jordialapreso) March 9, 2021
La Fiscalía presentó en febrero un recurso en contra del régimen de semilibertad que concedió la Generalitat a los presos, coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 14-F, después de que el Supremo lo revocase en diciembre.
El fiscal consideraba en el escrito que "la progresión a tercer grado es incompatible" con la "extrema gravedad de los delitos cometidos", ya que no cumplieron más que una cuarta parte de la pena establecida por el Supremo. "La conducta por la que se condenó el interno fue muy grave, no sólo en términos jurídicos, sino en términos de repercusión social e institucional", argumentó.
