Juan Cotino y otras 22 personas, a juicio por la visita del Papa a Valencia
Cotino fue presidente de las Cortes Valencianas y director general de la Policía Nacional
- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra él y otra veintena de personas
- Se investiga la contratación de una empresa pantalla de la trama Gürtel en la retransmisión de la visita del Papa
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía Nacional, Juan Cotino y otras 22 personas. En el marco de este juicio se investigará la contratación de una empresa pantalla de la trama 'Gürtel' en la retransmisión de la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006.
Cotino se enfrenta a una la petición de 11 años de cárcel que ha hecho el Fiscal del caso
El magistrado ha dictado un auto, del que se hace eco Europa Press, en el que acuerda sentar en el banquillo a 23 personas físicas y 13 jurídicas como responsables civiles por esta pieza del 'caso Gürtel'. En ella se investiga la contratación de la red liderada por Francisco Correa para instalar las pantallas y la megafonía que cubriría el recorrido del Pontífice.
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Además de Cotino, que se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel, serán juzgados el exdirector de la televisión pública Pedro García Gimeno, varios altos cargos de la televisión pública valenciana, así como los responsables del llamado 'grupo Correa' Francisco Correa, Pablo Crespo, Alvaro Pérez y Jose Ramón Blanco Balín.
El instructor da por formulada la acusación por nueve delitos: de asociación ilícita, prevaricación continuada, malversación continuada de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas, delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario, falsedad en documento mercantil continuada, cinco delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales continuado y un delito continuado de cohecho.
El juez fija fianzas que superan los 200 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en una sentencia condenatoria, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, al tiempo que da diez días a los procesados de plazo para formular los escritos de defensa.
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