El diputado del PP ya propuso estas medidas antes del 9N, durante su etapa de ministro de Exteriores
La exvicepresidenta de la Generalitat inhabilitada por la consulta soberanista del 9N, Joana Ortega, ha explicado este miércoles que se reunió en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, días antes de convocarse esa consulta de 2014, para dialogar un acuerdo. El diputado del PP en el Congreso José Manuel García Margallo ha explicado este miércoles que, siendo ministro de Exteriores, propuso a su gobierno impedir la consulta del 9N requisando y destruyendo las urnas y asumiendo el control de los Mossos d'Esquadra 24 horas, y ahora propondría "exactamente lo mismo" para impedir el referéndum que quiere la Generalitat.
Lo ha dicho en el ciclo de diálogos 'España plural, Catalunya plural' de la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario de Madrid, y que ha acogido el Col·legi de Periodistes de Catalunya, donde ha debatido con el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo. El diputado del PP en el Congreso, por su parte, ha explicado este miércoles que, siendo ministro de Exteriores, propuso a su gobierno impedir la consulta del 9N requisando y destruyendo las urnas y asumiendo el control de los Mossos d'Esquadra 24 horas, y ahora propondría "exactamente lo mismo" para impedir el referéndum que quiere la Generalitat.
Margallo ha explicado que, ante el 9N, propuso un tercer elemento simultáneo a requisar las urnas y controlar a la policía: que el Gobierno impulsara inmediatamente una propuesta de reforma constitucional, algo que el Ejecutivo central también debería proponer en esta ocasión además de prohibir el referéndum.
Ha dicho que la receta para frenar el 9N suponía suspender la autonomía de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, pero ha precisado que era por un tiempo limitado ya que su propuesta era que el Ministerio de Interior asumiera el control de los Mossos "24 horas".
REUNIÓN CON SANTAMARÍA
Joana Ortega ha asegurado que se reunió con la vicepresidenta del Gobierno ella de forma sincera y sin avisar a la prensa, para poder encontrar soluciones sin presiones externas: "He defendido siempre el diálogo y la moderación".
Así, ha reiterado que su voluntad y de la Generalitat siempre fue buscar un acuerdo, y ha mostrado su perplejidad por que una consulta política sin "efectos vinculantes" haya derivado hacia una inhabilitación de 21 meses y 30.000 euros de multa.
PACTAR EL REFERÉNDUM
Respecto al referéndum que ahora prevé el Govern, ha abogado por que el soberanismo insista en pactarlo con el Estado en vez de una declaración unilateral de independencia desde el Parlament: "No creo que la solución sea una declaración unilateral".
Ortega ha recalcado que hacer un referéndum de manera pactada es como se hace "civilizadamente en democracias maduras", aunque lamenta que el Gobierno central se niegue.
Pese a rechazar la vía unilateral, ha cargado contra la actitud permanente del Estado hacia el proceso soberanista, y ha criticado la sentencia contra ella por el 9N: "He actuado con respeto a la ley y creo que la ley no me ha respetado".
Primero ella y luego una periodista han preguntado a Margallo si considera justa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que la inhabilitó, y ha respondido que no valora sentencias de tribunales independientes: "No lo he hecho en mi vida ni lo voy hacer".