Investir a Jordi Sánchez, de nuevo una misión imposible que acerca Cataluña a las elecciones

Desde que Puigdemont dejó paso a Sànchez, que permanece en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real desde el 16 de octubre de 2017, se ha llevado a cabo otro intento más. El tercero de la lista fue Jordi Turull, quien, de hecho, fracasó en sus aspiraciones al no contar con apoyos suficientes. En la primera ronda sólo obtuvo 64 votos a favor, frente a 65 en contra y 4 abstenciones. La segunda ronda nunca se llevó a cabo porque Llarena volvió a enviarlo a la prisión de Estremera. Pero tampoco lo hubiera logrado, ya que la abstención de la CUP y los diputados en el extranjero imposibilitaban que salieran los números.

El pleno de Sànchez es un calco del anterior: candidato en prisión y más que segura negativa de Llarena de conceder un permiso penitenciario o la libertad condicional

Lo que diferenció el pleno de Turull de los dos anteriores es que aquél sí puso en marcha el reloj de la cuenta atrás hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones. Un desenlace que se perfila como el más probable en todos los escenarios que se dibujan ante un nuevo pleno imposible.

En el resto, los hechos vuelven a ser un calco de los anteriores: candidato en prisión y más que segura negativa de Llarena de conceder un permiso penitenciario o la libertad condicional para que asista al debate en la Cámara autonómica. Y malestar. Sentido malestar entre los diputados constitucionalistas que afean al bloque independentista la “incertidumbre y la angustia que crea la parálisis institucional entre la ciudadanía”, lamenta Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos, en declaraciones a 'Bolsamanía'.

Desde el PSC se habla también de “preocupación” ante lo que se puede calificar “de día de la marmota”, expresa el diputado socialista, Raúl Moreno a este medio. Y reclama una salida para el atolladero que, reconoce, “no tiene visos de solución” a la vista de que “siguen proponiendo candidatos que no pueden ser investidos porque tienen causas pendientes con la justicia o porque no suman la supuesta mayoría parlamentaria que tienen los soberanistas, pero que no se ha materializado en el Parlament”, argumenta Moreno.

Desde el PP, Xavier García Albiol también mostró sus profundas discrepancias con el candidato propuesto por Torrent, a quien trasladó que, si quiere al diputado Jordi Sànchez como candidato a la Generalitat, hable con Llarena, que le impuso prisión provisional. Asimismo, criticó “la persistencia en el bloqueo que provoca el presidente del Parlament proponiendo candidatos que no se pueden investir".

PSC y Ciudadanos critican la "angustia" y "preocupación" que crea el vacío institucional en Cataluña

LA REPUTACIÓN DE ESPAÑA, EN MANOS DE LLARENA

Pero, a diferencia de la sesión del 12 de marzo, Sànchez cuenta ahora con un respaldo a su causa que puede pesar en la resolución que adopte el magistrado del Supremo. La defensa del expresidente de la ANC ha insistido en el escrito presentado ante el juez, el pasado martes, que este adopte las medidas necesarias para que el diputado pueda tomar parte en el debate en virtud de la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 23 de marzo. No obstante, este texto “refleja consideraciones y no es vinculante”, explica Jordi Pacheco i Canals, decano del colegio de Politólogos y Sociólogos de Catalunya (Colpis).

Por lo tanto, prosigue, “España no está obligada a acatarlas, pero pone al magistrado del alto tribunal en una situación incómoda ya que está en juego la reputación del Estado”. España se somete voluntariamente a las evaluaciones de la ONU en materia de derechos humanos y lo hace porque busca el respaldo a la calidad democrática de nuestro país que otorga este organismo internacional. “Que ahora la ONU diga que hay fallos perjudica al Reino de España y es el único factor que podría hacer cambiar de opinión a Llarena”, señala Pacheco i Canals.

Además, el letrado Jordi Pina ha reflejado también que, si Sànchez no puede participar en el debate de forma presencial, “se permita al diputado participar en los citados plenos por medio de videoconferencia desplazándose a tal efecto al lugar que su Señoría disponga”. Esta alternativa fue expresamente prohibida por el Tribunal Constitucional, en el caso de Puigdemont, pero aquella resolución se refería a las “personas que no se encontraban a disposición de la Justicia española”. Y “nada impide aceptarla en el supuesto de quienes no pueden, por estar presos, acudir físicamente al Parlament”.

JORDI SANCHEZ SIGUE SIN SUMAR

De producirse esta excepcionalidad y si el Supremo acepta por cualquiera de las vías descritas que el candidato de Junts per Catalunya y ERC participe en el debate de este viernes, se enfrentará a otro obstáculo porque sigue sin aglutinar los apoyos suficientes. El reglamento del Parlament especifica que el futuro president debe superar la primera ronda con mayoría absoluta -68 diputados- y, de no lograrlo, se puede enfrentar a una segunda vuelta en la que sólo necesita más votos a favor que en contra.

Si el Supremo acepta por cualquiera de las vías descritas que el candidato de Junts per Catalunya y ERC participe en el debate de este viernes, se enfrentará a otro obstáculo porque sigue sin aglutinar los apoyos suficientes

Pero la negativa de la CUP a ratificar a Sànchez, junto a la situación incierta de Carles Puigdemont, que espera en Berlín la resolución sobre su extradición, y la de Toni Comín que, desde Bruselas, sigue aferrado a su acta de diputado, merman los apoyos al expresidente de la ANC. Sólo si el líder de Junts per Catalunya logra delegar su voto y Comín renuncia a su escaño alcanzarían la mayoría simple. Todas las fuentes consultadas descartan que los ‘cupaires’ cambien su postura ya que en las últimas jornadas han cerrado filas con Puigdemont, y han subrayado que apoyarán su candidatura.

Con todo, el decano del Colpis aventura que Llarena no se moverá un ápice de la resolución adoptada antes del pleno del mes pasado, lo que desencadenará exactamente los mismos acontecimientos que entonces. Torrent se verá obligado a suspender la sesión y se deberá iniciar una nueva ronda de contactos entre los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato.

ELECCIONES O ELECCIONES

Pero el agotamiento hace mella entre las filas soberanistas. La brecha abierta entre la CUP, de un lado, y Junts per Catalunya y ERC, de otro, pasa factura a la lista de Puigdemont, que no quiere hacer públicos cuáles serán los siguientes pasos que adoptarán si el Supremo mantiene su veto a Sànchez. Pero la investidura del 131º president de la Generalitat puede quedar desierta en esta legislatura si se confirma que los exconvergentes no planean proponer más candidatos.

En estos términos se ha expresado el diputado de JxCat y vicepresidente del Parlament, Josep Costa, quien, en una entrevista en La Xarxa, ha dado pistas sobre la estrategia que prevén seguir: aprovechar el eco internacional de las últimas resoluciones judiciales y, aunque no lo ha reconocido abiertamente, prepararse para unas nuevas elecciones. Si se deja correr el reloj parlamentario hasta el 15 de julio, está convencido de que “las fuerzas independentistas las volverán a ganar”.

Pacheco i Canals pone en cuarentena que los resultados electorales del 21-D se repitan. “Es muy difícil prever el grado de movilización del que serán capaces los partidos si hay una nueva cita electoral”, comenta. Desde el bloque constitucionalista no se muestran nada predispuestos a que la salida sea volver a pasar por las urnas. Moreno reivindica que se forme un Govern “efectivo que pueda ejercer como tal”. El diputado socialista expone, no obstante, que “no existe esta voluntad desde el bloque independentista porque les interesa mantener la tensión con el Gobierno del Estado”.

“Quieren lío para no enfrentarse a la gestión de los problemas de los catalanes que pasan por los barracones en los centros educativos, las listas de espera en sanidad, las listas más largas de dependencia de todas las comunidades autónomas…”, denuncia por su parte Sierra. La diputada de Ciudadanos insiste en que desde su grupo se pide “un Gobierno que gobierne para todos los catalanes”. Un ejecutivo, en definitiva que pueda “lograr la estabilidad en Cataluña y que aborde los problemas de la ciudadanía”, reclama, a su vez, Moreno.

Pero para desagrado de estas fuerzas, el análisis del decano del Colpis es que “el destino de los catalanes está en volver a votar”. “Sea por la vía reglamentaria -agotando los plazos- o sea porque el Parlament efectúa otro golpe de fuerza”, argumenta. En el último caso, el politólogo explica que la Cámara puede hacer “optar por volver a investir a Puigdemont aunque este gesto sea anulado por el Tribunal Constitucional si sigue en Alemania o en una cárcel del Estado”. En este escenario, “el Gobierno usará la fuerza del artículo 155 para volver a convocar elecciones”.

Hay un último supuesto: que Puigdemont sea extraditado por el delito de malversación y no se decrete la prisión provisional. En ese caso, el decano del Colpis sí cree que se tiraría adelante la investidura, ya que la CUP respaldaría al expresident.