Hacienda avisa de que el control de cuentas durará lo que quiera la Generalitat, hasta que cumpla la legalidad

Así lo ha subrayado este lunes el número dos del Ministerio de Hacienda en una rueda de prensa en Córdoba, donde ha remarcado que el Ejecutivo catalán tiene la obligación de enviar semanalmente los certificados de gasto presupuestario, para asegurar que no paga nada relacionado con el referéndum de independencia, y que mientras no lo haga se mantendrán las medidas impuestas.

"El Gobierno pone en marcha el control financiero excepcional ante una situación excepcional generada por el gobierno de la Generalitat", ha apostillado.

Ha recordado que el punto de partida de todo es la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 5 julio de este año, donde "se declara la inconstitucionalidad y nulidad" de la disposición adicional de los Presupuestos de Cataluña y las partidas presupuestarias dedicadas a procesos electorales y consultas populares.

Ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, "aprobada en 2012 con el voto a favor de CiU", que habilita un mecanismo de control reforzado del Presupuesto de la Generalitat, ha puntualizado Fernández de Moya.

LOS PLAZOS

En concreto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene hasta primera hora de este martes para adoptar y comunicar el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria que le ha impuesto el Ministerio de Hacienda y para el que le ha dado un plazo de 48 horas, que empezó a correr el sábado cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la medida.

Si en las escasas 24 horas que le quedan Puigdemont no acata la orden, será el ministro Cristóbal Montoro el que adopte ese acuerdo y se lo comunique tanto a la Generalitat como a su Intervención.

La medida afecta a los créditos presupuestarios distintos de los que ya ha asumido Hacienda para evitar que se dedique dinero al proceso soberanista. El pasado viernes, el Gobierno decidió controlar el gasto social de la Generalitat y encargarse del pago directo de las nóminas y de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales.

Para controlar el resto del Presupuesto, se ordenó además a Puigdemont adoptar ese acuerdo de no disponibilidad de créditos y se le concedieron 48 horas para hacerlo voluntariamente. El plazo comenzó a correr desde la publicación de la medida en el BOE el sábado por la mañana y expira por tanto el martes a primera hora -el domingo no cuenta-.

RECURSO ANTE EL SUPREMO

Al paquete de medidas “novedosas” anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para controlar los gastos de la Generalitat de Cataluña y evitar el referéndum, llega la respuesta del Govern. El vicepresident catalán, Oriol Junqueras, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso a la decisión del Gobierno central de intervenir las cuentas catalanas buscando la suspensión de la iniciativa anunciada por Montoro.

Junqueras ha explicado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press que la decisión de Hacienda se ha tomado "bajo el amparo de ninguna ley" y ha defendido que el Govern está cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria incluso más que el Ejecutivo central.

Con la decisión, adoptada el vieres en el Consejo de Ministros, el Estado asumirá el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.

INTERVENIDOS

"Nos intervienen y prohíben ayudar a la gente los que se han pulido 64.000 millones de euros del fondo de reserva de la Seguridad Social", ha criticado Junqueras, que ha aseverado que la intervención supone que la Generalitat no puede destinar ni un céntimo, ha dicho, a medidas de impulso de la economía, pero tampoco a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

El líder de ERC ha afirmado que la medida de Hacienda "va más allá del artículo 155 [de la Constitución]" y supone el bloqueo de los Presupuestos de la Generalitat. En otra entrevista de Rac1 ha acusado al Estado de ser irresponsable y ha criticado que "ni ellos mismos saben a dónde quieren llegar con su irresponsabilidad".

También ha denunciado que la situación derivará en un "colapso" de los trámites administrativos como el pago de nóminas de profesores, Mossos d'Esquadra y otros funcionarios, ya que el Estado pretende revisar los pagos "factura a factura", lo que, ha insinuado que puede provocar impagos y que no llegue el dinero a pesar de que la Generalitat "tiene fondos" para responder a sus obligaciones.