Gobierno y PP aplazan la renovación del CGPJ hasta después de las catalanas
Se volvería al reparto del 50% de la propuesta de los miembros entre PSOE y PP
Las negociaciones entre el partido del Gobierno y el principal de la oposición, el Partido Popular, para cerrar un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nunca han cesado, y se alejan de anunciar ducho acuerdo esta semana, cumplidos ya dos años desde que el actual consejo debería haber cesado. Ambas partes congelarán de nuevo este proceso y esperan retomarlo una vez celebradas las elecciones catalanas del próximo febrero.
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Las dos partes de la negociación congelan el proceso y esperan retomarlo, en los mismos términos acordados en verano, después de la celebración de las elecciones catalanas que se esperan en febrero.
En concreto, se volvería al reparto del 50% de la propuesta de los miembros del órgano de gobierno de los jueces entre PSOE y PP. El Gobierno, a través del PSOE, propondría a diez vocales del CGPJ y también al presidente del órgano y del Tribunal Supremo; mientras que el Partido Popular propondría a otros diez vocales.
Entre los vocales propuestos por el PSOE se incluiría a uno propuesto a su vez por PNV y dos vocales de tendencia progresista.
Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, que mantiene contacto con el consejero de Justicia madrileño Enrique López en todo momento, ha declarado sobre la renovación del CGPJ que “sólo falta hacerlo público” y ha reclamado al PP que sea “un partido de estado” y facilite el pacto.
El ministro ha reconocido que el estado de las negociaciones es el de agosto, y fuentes del Partido Popular trasladan que ambas partes de la negociación habrían aceptado dejar congelada la renovación hasta pasadas las elecciones catalanas.
En un contexto en donde se encuentran las intensas negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y las que comenzarán en el escenario catalán en la búsqueda de un gobierno tripartito, el órgano de gobierno de los jueces tiene sobre la mesa la renovación de importantes plazas en el Tribunal Supremo por jubilación de sus miembros.
