El Gobierno asume el control de la gestión económica en Cataluña

Según el acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno continúa funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat. Y al acordar el cese de Puigdemont, Junqueras y los consejeros, la administración catalana actuará bajo "las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación en sustitución de aquellos". Mariano Rajoy ha señalado que en principio serán asumidas por los ministerios.

Con ese propósito, y atendiendo a las necesidades que requiera "el normal funcionamiento" de las distintas áreas de actividad de la Administración de la Generalitat, los ministerios o el órgano que se cree podrá dictar y adoptar las disposiciones, actos o instrucciones necesarias para el ejercicio de las competencias asumidas; acordar nombramientos, cese o la sustitución temporal de las funciones correspondientes de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat.

Puigdemont y sus consejeros podrán seguir como diputados

De hecho, fuentes del Ejecutivo han explicado que el personal eventual que rodea al presidente de la Generalitat y los consejeros cesan por ley cuando cesa la autoridad que los nombró. Aunque Puigdemont cese en sus funciones al frente de la Generalitat, tanto él como sus consejeros podrán seguir como diputados.

En caso de incumplimiento de las disposiciones o actos dictadas por el órgano designado por el Gobierno de Rajoy se incurrirá en responsabilidad disciplinaria y se podrá proceder a su exigencia "de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica que resulte de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar".

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Se habilita al Ejecutivo de Rajoy a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria para que, en "beneficio del interés general" se garantice la prestación de servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Con ese objetivo, se dictarán las medidas que permitan garantizar que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a Cataluña, así como los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a esta comunidad "no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista" o que "contravengan las medidas" contenidas en el acuerdo del Consejo de Ministros.