El Gobierno aprueba el bono para el alquiler de 250 euros para menores de 35 años

Así lo han dado a conocer este martes tras la reunión la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha explicado que la aprobación de este bono "va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un obstáculo para ellos".

En concreto, la renta mensual de la vivienda será de máximo 600 euros, excepto en algunas CCAA que puede situarse en 900 euros, y la ayuda no podrá cobrarse durante más de dos años. En los alquileres por habitación, el límite se sitúa en 300 euros, ampliable en determinados supuestos a 450 euros. En todo caso, la vivienda arrendada deberá tener la consideración de vivienda habitual y permanente.

Esta ayuda será compatible con otras destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerables (entendiendo como tales a estos efectos los que determinen las Comunidades o Ciudades Autónomas). También es compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. La suma del bono y las ayudas tendrán como límite el 100% de la renta arrendaticia. También compatible con el Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Si bien, en este caso la suma tendrá como límite el 75% de la renta arrendaticia.

Podrá solicitarse en un plazo de "mes y medio o dos meses máximo", ya que antes debe ser consensuado con las CCAA en la Conferencia Sectorial, aunque su aplicación será con efecto retroactivo desde el 1 de enero. El Gobierno calcula que podrán beneficiarse de él alrededor de 70.000 jóvenes.

PLAN ESTATAL DE ACCESO A LA VIVIENDA

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado también el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025. La ministra de Agenda Urbana ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año incluyen una dotación de 345 millones de euros y está previsto que el plan sea dotado hasta 2025 con un total de 1.717 millones de euros.

Esta plan prestará especial atención a los sectores más desfavorecidos de la población. A corto plazo tiene el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos con menos recursos mediante ayudas directas al alquiler a aquellos arrendatarios con menos recursos y facilitar el acceso a la vivienda o a soluciones habitacionales lo más inmediatas posibles a las personas víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, incluidos supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, mediante ayudas directas al alquiler y a los gastos de suministros y comunidad de hasta el 100% de la renta del alquiler y de dichos gastos.

También el de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes con mayores ayudas al alquiler e incluso con ayudas a la adquisición de vivienda en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño. Así como fomentar la oferta de vivienda en alquiler con ayudas a los arrendadores para el pago de un seguro de protección de la renta arrendaticia y colaborar a los objetivos del reto demográfico mediante ayudas a los jóvenes para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.

Además, a medio plazo el plan tiene como objetivos incrementar la oferta de vivienda en alquiler social mediante el impulso del parque público de vivienda, estableciendo ayudas a la adquisición de viviendas por las administraciones públicas o sus entidades vinculadas o dependientes, e incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible para las personas mayores o con discapacidad, mediante ayudas a la promoción de viviendas con diseño, instalaciones y servicios que respondan a sus especiales circunstancias, ya sean de titularidad pública o privada, y ya sean de nueva edificación o procedentes de la rehabilitación de edificios preexistentes que se vayan a destinar durante un plazo determinado al alquiler asequible con rentas limitadas y para arrendatarios con ingresos limitados.

También incrementar la oferta de alojamientos y viviendas en alquiler, impulsando la promoción de alojamientos temporales, de modalidades residenciales tipo cohousing, de viviendas intergeneracionales y otras similares en las que, en todo caso, se reduce la superficie privativa de alojamiento o vivienda y se incrementa la superficie de interrelación en comparación con las soluciones habituales de viviendas, que vayan a ser destinados al alquiler, la cesión en uso o a cualquier régimen temporal similar admitido en derecho.