La Fiscalía se querella contra Monasterio (Vox) por falsedad en documento público
Habría estado utilizando un visado de 2005 que correspondía a una aparejadora sin que ella lo supiera
La Fiscalía de Madrid ha confirmado que va a interponer una querella contra la portavoz de Vox en la región, Rocío Monasterio, por falsedad en documento público, en relación a la falsificación de un visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos que presentó al Ayuntamiento de Madrid en 2016, en el trámite de la reforma de una vivienda que ejecutaba su estudio, Monasterio y Asociados.
El ministerio público ha presentado la querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debido al aforamiento del que goza Monasterio por su condición de diputada autonómica, tal y como explica Efe.
Las diligencias se remontan a marzo de 2020, cuando la Fiscalía abrió una investigación tras una denuncia presentada por Más Madrid ante la publicación en El País de que, según el Colegio de Aparejadores, Monasterio habría estado reproduciendo en los trámites ante el Ayuntamiento un visado de 2005 que correspondía a una aparejadora sin que ella lo supiera, para obtener licencias en 2011 y 2016.
El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo, actualmente en Recupera Madrid, recordó antes de presentar la querella que los presuntos delitos ocurridos antes de 2016 habrían prescrito, pero no así el que habría cometido ese año al solicitar una licencia con una fotocopia del visado de 2005.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Monasterio salió al paso de la publicación del escándalo defendiendo que "aportar en el Ayuntamiento en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado. Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto". Incidía en que el visado de 2005 lo firmaba una aparejadora que no era ella y no había así manipulación ni falsedad alguna.
Tras conocer la presentación de la querella, Más Madrid ha subrayado que se trata de una "buena noticia" que confirma que los indicios de que se trató de una "práctica irregular" eran "claros", a pesar "de la falta de voluntad política de Comunidad y Ayuntamiento por estudiar el asunto y conocer la verdad".
