Fiscalía dará a conocer hoy su petición de penas para los líderes del 'procés', que se prevén agravadas
En el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras podrían superar los 20 años de cárcel por el delito de rebelión, según fuentes fiscales
Las Fiscalías del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional darán a conocer este viernes sus escritos de calificación provisional en las causas contra los responsables del 'procés' independentista en Cataluña que se juzgarán próximamente en ambos órganos, y que en el caso del que se tramita en el alto tribunal se barajan agravadas para los líderes. En el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras podrían superar los 20 años de cárcel por el delito de rebelión, según fuentes fiscales.
Se prevé pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido y no se descarta que algunos de los procesados por el magistrado Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal. En la causa contra el Major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional revelará si se les pide penas por los delitos por los que fueron procesados -sedición y organización criminal- o esta petición se agrava también hasta la rebelión.
Su pronunciamiento llegará después de conocerse este jueves que la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del 'procés' por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.
Por lo que se refiere a la causa del Supremo, el texto que ultiman los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo, han señalado fuentes del Ministerio Público. Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.
La aplicación de estas penas más altas obedece, según esta valoración de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.
Estas penas iniciales, de entre 20 y 25 años de prisión, se baraja pedirlas tanto para Junqueras como para el resto del exGovern en prisión, según las mismas fuentes, esto es, para los exconsejeros Joaquim Forn (principal responsable de los Mossos de'Esquadra) y el resto de los que se encuentran en prisión que son Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.
En un segundo nivel de penas, se estudian pedir entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad) para los procesados que no tienen malversación, que son la exvicepresidenta Carme Forcadell y los responsables de los movimientos civiles Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural), mientras que el resto del exGovern procesado y otros diputados que también lo fueron por Llarena podrían aparecer en el escrito con penas más bajas, de entre 5 y 10 años, o incluso quedar fuera de la petición fiscal según las mismas fuentes.
SEDICIÓN ALTERNATIVA
No obstante, la Fiscalía podría presentar a los siete magistrados que juzgarán este asunto en el alto tribunal una petición alternativa, por delitos de sedición y malversación, que en todo caso tienen como consecuencia una petición de pena muy similar al sumarse las de ambos delitos. Esta alternativa, según otras fuentes consultadas, podría dejarse para el final del juicio, en atención a la prueba que se vaya practicando y a que se pueda acreditar la violencia que exige el Código Penal al delito de rebelión.
Por lo que se refiere a la causa contra Trapero no ha trascendido por el momento en qué segmento se moverán las penas que se solicitarán, si bien éstas variarán sustancialmente según los hechos se califiquen como sedición o rebelión. Esta última opción fue descartada por la instructora de la causa, Carmen Lamela, si bien los fiscales de la Audiencia nunca han renunciado a ella del todo.
Lamela, ahora en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, procesó al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig por los sucesos acontecidos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada de referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
