ERC calcula cómo exprimir a Sánchez a cambio de apoyar los presupuestos
La formación independentista pedirá inversiones además de que avance el diálogo
Esquerra Republicana ya no se cierra en banda a aprobar los presupuestos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es más, el partido independentista ha ido modulando su discurso durante las últimas semanas desde el negacionismo inicial sobre que las cuentas del PSOE se hubieran abordado en las conversaciones que ambas fuerzas mantuvieron para la investidura, hasta la aceptación de su papel de socios de los socialistas en la Legislatura presente, que incluye su apoyo al proyecto presupuestario. Pero no será gratis. Los republicanos planean cobrarse bien cara su abstención en forma de inversiones y de financiación de competencias.
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En las filas del partido de Oriol Junqueras miden las prisas de Moncloa para afinar sus cálculos de hasta dónde pueden apretar las tuercas del líder socialista. Asumen que cuanto más rápido se pacten -Moncloa quiere presentar el proyecto en marzo-, mayor será el coste electoral para 'Esquerra' y buscan compensar el precio de alinearse con Ferraz, a escasos meses de las elecciones en la región. Encabezan su lista de prioridades el referéndum y la amnistía, así como "la resolución del conflicto político", explican a Bolsamanía fuentes conocedoras.
Pero de puertas adentro, asumen que no obtendrán resultados a corto plazo, de hecho saben que los socialistas rechazarán todas estas cuestiones, por lo que rebajan sus peticiones a que la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat, que arranca el miércoles, siga funcionando. Sólo después abordarán el Proyecto de Ley de los Presupuestos, pero advierten al PSOE de que deben prepararse para una negociación "dura".
Según ha avanzado el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, reclamarán cuestiones relacionadas con las infraestructuras y los incumplimientos de financiación históricos en materia de sanidad o dependencia, tal como avanzó Bolsamania. ERC ha dado números: la Generalitat invierte en dependencia 1.500 millones de euros y el Estado aporta en Cataluña 300, cuando la ley establece que el reparto del gasto sea al 50%.
Los republicanos también han puesto sobre la mesa recientemente las deficiencias de la balanza fiscal entre el Estado y Cataluña. Esto eso el desequilibrio entre lo que la región aporta y lo que recibe de los sectores públicos nacionales. De acuerdo con la última actualización que ha hecho pública el Departamento de Hacienda de la Generalitat que lidera el republicano Pere Aragonès, este se elevó a 16.800 millones de euros anuales en los ejercicios 2015 y 2016. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero se comprometió la semana pasada a presentar estas balanzas.
El cálculo de la fiscalidad catalana se efectúa a partir del método del flujo monetario y la de la incidencia carga-beneficio. Según ambos, la diferencia entre lo que Cataluña aporta, que está cercano al 19% del PIB que representa la región y lo que recibe, alrededor del 13%, es de aproximadamente seis puntos. Según el Estatut de Catalunya, la aportación de los servicios públicos estatales a la comunidad debe igualar este 19%.
De hecho, uno de los motivos por los que los republicanos rechazaron los presupuestos del Gobierno hace aproximadamente un año es precisamente porque no acababan con el déficit. La inversión en Cataluña era histórica y presentaba un incremento del 66%, pero se quedaba en el 18,5% del PIB. No se prevé que las cuentas que presente Sánchez se aparten mucho de estas cifras, aunque no hay nada concreto todavía, más allá de que la titular de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha prometido una revisión de la financiación autonómica.
Una fiscalidad para Cataluña próxima al concierto vasco, además del control de los puertos y aeropuertos y otras infraestructuras e inversiones de 45.000 millones de euros hasta 2030 son otras de las reivindicaciones del independentismo. Algunas de ellas quedan recogidas en el documento de 44 puntos que Sánchez entregó al president de la Generalitat, Quim Torra, cuando se reunieron el pasado 6 de febrero en la sede del Govern catalán.
