Fianza que le solicita el juez de la AN que investiga la financiación con 'cajas B'
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que su partido depositará la fianza que le solicita el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación con 'cajas B' del PP, pero ha recordado que no es una multa ni una condena y que la formación PP sigue negando los conocidos como 'papeles de Bárcenas' que dan lugar al caso.
"Este juicio se dirime en base a unos papeles aportados por el señor Bárcenas que nosotros hemos negado. Tendrá que demostrar que son auténticos y que los datos contenidos allí lo son", ha dicho Levy en rueda de prensa, en la que no ha querido hacer más valoraciones sobre el contenido del requerimiento del juez y la existencia de 'cajas B' en su partido desde 1990 hasta 2008. "Eso debe dirimirse en el juicio oral", recoge Europa Press.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha comunicado a la formación que debe asumir como responsable civil subsidiario la fianza civil en la causa que investiga la financiación con 'cajas B', fianza que alcanzó los 1,2 millones de euros y que no haya sido cubierta en su totalidad por los responsables directos. El juzgado ha dictado una diligencia en la que asegura que las cantidades reclamadas han resultado "aseguradas parcialmente". Fueron solicitadas a los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez.
DIEZ DÍAS PARA CUBRIR 1,2 MILLONES
El auto del juez daba diez días a los responsables civiles subsidiarios para cubrir la caución de 1,2 millones de euros
El auto del juez daba diez días a los responsables civiles subsidiarios para cubrir la caución de 1,2 millones de euros, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución. Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares, informa Europa Press. De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B', que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".
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Informa la agencia Europa Press, que así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.
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