El PDeCAT lleva el martes al Pleno del Congreso la derogación del decreto que facilitó la marcha de empresas de Cataluña
El portavoz económico del PDeCAT, Ferran Bel, señaló que la medida del Gobierno supuso una "deslealtad absoluta de España con Cataluña"
El PDeCAT llevará el martes al Pleno del Congreso el debate y votación de una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a derogar el decreto ley que facilita el cambio de sede social de las empresas dentro del territorio nacional, una medida que los independentistas criticaron al considerar que fomentaba la 'fuga' de empresas desde Cataluña.
El Gobierno aprobó este decreto ley cinco días después del referéndum ilegal del 1 de octubre que llevó a la declaración unilateral de independencia de Cataluña y tras detectarse el cambio de sede social de empresas catalanas como La Caixa o Banco Sabadell. La medida fue convalidada por el Pleno del Congreso a finales de octubre con el apoyo del 70% del hemiciclo (245 votos de PP, PSOE y Ciudadanos).
Cuatro meses después, el PDeCAT ha podido incluir en el orden del día del próximo Pleno del Congreso esta proposición no de ley para suprimir ese decreto ley.
"ATAQUE A CATALUÑA"
En su momento, el portavoz económico del PDeCAT, Ferran Bel, ya señaló que la medida del Gobierno supuso una "deslealtad absoluta de España con Cataluña", un "verdadero ataque institucional a la economía catalana" y "una nueva vía de represión económica" que se suma a otros "agravios" como "el déficit fiscal, la escasa inversión, el pago generalizado de peajes o el modelo centralizado de los aeropuertos".
Desde su punto de vista, "esta modificación lesiona directamente los derechos de los socios y accionistas, verdaderos propietarios de las empresas", porque priva a la Junta General la Competencia de decidir el cambio social y sitúa el órgano de administración al frente de las decisiones.
Además, según Bel, la nueva ley "extiende una práctica legislativa fraudulenta" que pretende "disimular la voluntad expresa del Gobierno" de facilitar la salida de sedes sociales de Cataluña. "Es una vulneración de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado", denunció.
